Ciudad de México – En un acto de alta relevancia política y administrativa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo transformó la habitual dinámica de Palacio Nacional en un centro de operaciones de emergencia. La convocatoria, que incluyó tanto al gabinete legal como al ampliado, marcó un precedente en su administración por la rapidez y el nivel de asistencia, enviando una señal de cohesión absoluta frente a la caída de Nemesio Oseguera Cervantes.
El mensaje de unidad y la estrategia de contención
La junta, de carácter privado pero con lineamientos claros hacia la opinión pública, no se limitó exclusivamente a los temas militares. La mandataria enfatizó que la muerte del líder criminal requiere una respuesta multidisciplinaria del Estado mexicano.
Durante la sesión, Sheinbaum Pardo instruyó a los secretarios de Estado a no ver este suceso como un evento aislado de seguridad, sino como un reto a la estabilidad social. El énfasis principal de la reunión se centró en tres ejes rectores:
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Reconocimiento a las Fuerzas Armadas: La presidenta hizo una pausa solemne para reconocer el sacrificio de los elementos de la Sedena y la Guardia Nacional. El mensaje fue directo: el Estado respalda totalmente a quienes ejecutan las tareas de pacificación en el campo de batalla.
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Blindaje de servicios públicos: Se ordenó a los titulares de las dependencias que operan en territorio (como Salud, Educación y Bienestar) mantener la continuidad de los servicios en las zonas de conflicto, reforzando la presencia gubernamental donde el crimen organizado solía ejercer control.
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Coordinación de inteligencia financiera: En la reunión estuvo presente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para trazar la ruta del desmantelamiento de los activos del grupo delictivo, buscando evitar que la estructura se reorganice bajo un nuevo mando.
Balance de los daños y despliegue operativo
En el corazón de la reunión, se actualizaron las cifras del impacto del operativo realizado en Tapalpa y sus consecuencias inmediatas en el territorio nacional. Se confirmó que el costo humano ha sido elevado, con un registro de 25 efectivos federales y 18 heridos que están recibiendo atención especializada.
Respecto a la situación en las calles, los mandatarios revisaron el reporte de los 85 narcobloqueos y los ataques a la infraestructura civil, que incluyen 69 establecimientos comerciales y 20 oficinas bancarias del sector público. La instrucción presidencial fue clara: el uso de la fuerza del Estado será proporcional pero firme para liberar las vías de comunicación y restablecer el orden en los ocho estados afectados.
El ascenso y el final del objetivo prioritario
La reunión también sirvió para analizar el historial de quien fue el principal generador de violencia en el país. La trayectoria de “El Mencho” fue expuesta ante el gabinete para entender la magnitud de la estructura que ahora queda acéfala:
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Fundación: Emergió de las cenizas del Cártel del Milenio en 2010, logrando una cohesión interna basada en la disciplina militar.
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Desafío al Estado: Se caracterizó por ataques directos a la autoridad, incluyendo el uso de lanzacohetes contra helicópteros de las fuerzas federales.
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Dominio Territorial: Extendió su influencia a los cinco continentes, convirtiéndose en el principal exportador de sustancias sintéticas.
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Captura y Deceso: Tras una década de persecución, su localización en la sierra de Jalisco y su posterior fallecimiento durante el traslado aéreo cierran un ciclo de expansión delictiva que marcó la última década en México.
Comentarios de cierre en la reunión de mandatarios
Al concluir el encuentro, se informó que el gabinete de seguridad permanecerá en sesión permanente. La presidenta Sheinbaum subrayó que la prioridad absoluta es la protección de la población civil y que no se permitirán vacíos de poder en las regiones donde el grupo criminal tenía presencia dominante.
“La fortaleza de las instituciones mexicanas está por encima de cualquier grupo delictivo”, fue la premisa que cerró la junta, mientras se coordinaban los relevos de tropas y la llegada de nuevos contingentes a las zonas de Jalisco y Colima para prevenir cualquier intento de insurgencia criminal.
