(07 de julio, 2014).- 13 iniciativas de reforma a diversas leyes para prevenir la violencia escolar han sido presentadas en la actual legislatura, sin embargo ninguna ha logrado proceder.
Si bien tres reformas a la Ley General de Educación fueron aprobadas en la Cámara de Diputados en la legislatura pasada, éstas se quedaron congeladas en el Senado de la República.
Los legisladores Ricardo Monreal y Ricardo Mejía Berdeja de la bancada de Movimiento Ciudadano, han indicado que la violencia escolar afecta a 40.4 por ciento de los estudiantes de acuerdo con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), razón por la cual, han propuesto fortalecer herramientas pedagógicas de los maestros para el manejo y resolución pacífica de conflictos.
El pasado miércoles 4 de junio, senadores del PRI, PAN, PRD y PT presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa para crear la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar que sancionaría con una amonestación pública y hasta con 5 mil días de salario a los padres, tutores o maestros que permitan, toleren, inciten actos de violencia en el entorno escolar.
La iniciativa también contempla castigo de 5 mil días de salario mínimo, clausura de la institución, suspensión del puesto o inhabilitación por cinco años, a las autoridades o educadores que no tomen las previsiones necesarias al prevenir o atender estas situaciones de violencia en el entorno escolar.
Esta propuesta de reforma, al igual que el resto en la materia, se mantiene congelada toda vez que fue turnada a las comisiones de Educación, Estudios Legislativos y Derechos Humanos.
De entre las propuestas para legislar en violencia escolar también se encuentra la realizada por la senadora priista Laura Estela Flores, quien propuso que fuera la Secretaría de Educación Pública (SEP) la organización encargada de implementar acciones tendientes a prevenir la violencia en las escuelas.
Por su parte, la diputada de la misma bancada, Lilia Aguilar Gil, propuso que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, la SEP y las autoridades locales, logren coordinarse para promover la buena convivencia escolar y realizar un programa y campañas de prevención de la violencia escolar.
Otras de las propuestas son que la SEP elabore un protocolo para identificar, prevenir y erradicar la violencia escolar, así como crear una norma oficial mexicana sobre los mecanismos de atención a las víctimas y victimarios del acoso o violencia escolar, y una evaluación psicosocial a cada alumno para identificar sus rasgos de violencia.
Todas estas iniciativas, la mayoría priistas, han sido detenidas en su avance legislativo en el Senado de la República.
