Las demandas en contra de la Ley de Seguridad promovidas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Defensoría de Querétaro fueron desechadas por la Suprema Corte de la Justicia de la nación por notoria improcedencia.
La controversia fue desechada hoy por el Ministro Jorge Pardo Rebolledo quien, en breve, aplicará el mismo criterio para desechar la controversia de la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca.
Las demandas no pudieron proceder porque, de acuerdo con de la Corte, los órganos autónomos estatales no pueden presentar controversias constitucionales, mientras que, para las acciones de inconstitucionalidad, sólo están legitimados para impugnar leyes locales, no federales.
Estos órganos podrían impugnar el desecho de sus demandas por medio de una reclamación ante una Sala de la Corte, pero, mientras eso sucede, Pardo Rebolledo no las tomará en cuenta al momento de instruir los juicios contra la Ley de Seguridad.
El día de hoy también se admitió la controversia del Municipio de Parral, Chihuahua, para impugnar la Ley; con esto, ya son dos los ayuntamientos que litigarán contra esta norma, puesto que existe otra demanda por parte de San Pedro Cholula, Puebla.
El municipio de Chihuahua pidió trámite prioritario de su caso a la Corte, pero Pardo se opuso, argumentando que solo el Ejecutivo federal o las Cámaras del Congreso pueden solicitar a la Corte trato preferencial para una controversia.
Y aclaró que las sentencias que la Corte dicte en las controversias promovidas por municipios solo tendrán efectos para estos, y no en el resto del País.
A las controversias desechadas por Pardo se suma la hecha por Movimiento Ciudadano, ya que los partidos políticos sólo pueden impugnar leyes electorales.
Con esto, de las 10 demandas que se han registrado hasta ahora en contra la Ley de Seguridad, el Ministro sólo ha admitido seis.
Los principales juicios en contra de la Ley serán las acciones de inconstitucionalidad de minorías de senadores y diputados y la presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya que, en ellos, la Corte definirá si el Congreso podía legislar en esta materia, y en su caso, revisar la mayoría de los artículos de la ley.
Mientras tanto, una acción del Instituto Nacional de Acceso a la Información servirá para analizar dos artículos relacionados con manejo de información pública y reservada.
La vigencia de la Ley no se suspende con la admisión de estas demandas, sin embargo, cuando Enrique Peña Nieto la promulgó dijo que, mientras la Corte resuelve, no emitirá ninguna Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
