(17 de septiembre, 2016).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conocerá sobre el caso de las mujeres que fueron violentadas sexualmente por policías entre el dos y tres de mayo de 2006, cuando los uniformados reprimieron a los habitantes de San Salvador Atenco, cuando Peña Nieto encabezaba la administración del estado de México.
Diversas autoridades solicitaron que el caso –ahora conocido como “Mariana Selvas Gómez y otras”- fuera enviado a la Corte, sobre todo “ante la posibilidad de que la Comisión determinara no considerar el cúmulo de acciones en materia de atención y reparación al caso”.
El gobierno federal informó, a través de un comunicado de prensa, que “hizo un llamado a la CIDH para que remitiera el asunto a la consideración de la Corte, a fin de que sea el órgano judicial el que considere la idoneidad de las medidas de reparación, a la luz de estándares interamericanos”.
Según la administración de Peña Nieto, en marzo de 2013, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en el caso y notificó oficialmente a la CIDH de esta decisión; además, sostiene que ha realizado los esfuerzos a su alcance, para impulsar la investigación del caso, sancionar a los responsables, adoptar medidas de reparación y otras para evitar la repetición de hechos similares.
La administración de Peña sostiene que hay 30 personas detenidas sujetas a proceso penal por el caso –aunque no enumera las ya sentenciadas- y que en las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, se ha tomado en consideración las conclusiones a las que arribó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en febrero de 2009.
También sostienen que han mantenido diálogo directo con las víctimas y sus representantes para acordar acciones para cumplir con todas las recomendaciones de la Comisión Interamericana y manifestó su “total disposición” a dar seguimiento al caso ante la Corte.
