(12 de agosto, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Juan Carlos Alarcón, “El Amarillo”, veterano reportero de nota roja y asuntos policiacos, reportó para su estación de radio el 30 de mayo la muerte de dos mujeres, su nota se cabeceó así: “Doble feminicidio en San Francisco Culhuacán no fue secuestro y buscan a los responsables”.
En el reporte se detalla que los cadáveres de Eugenia Arias Delgado y Fernanda Gutiérrez Cruz, de 21 y 22 años de edad respectivamente fueron hallados con visibles muestras de asfixia en la segunda Cerrada de 5 Mayo a la altura del número B-55 esquina con Callejón de la Cruz en la colonia San Francisco Culhuacán de la delegación Coyoacán.
Esa noche, el hallazgo lo realizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a bordo de la unidad DF- 511-S-2 quienes señalaron vía radio a su central que en esta ubicación se encontraban los cuerpos de dos mujeres sobre la cinta asfáltica a un costado de un montículo de basura.
Informes preliminares de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, señalaron que las dos femeninas mostraban surcos en el cuello por lo que se presumió fueron víctimas de asfixia mecánica.
Días después los familiares de Eugenia y Fernanda acudieron al Instituto de Ciencias Forenses donde finalmente les entregaron los cuerpos de las chicas. El día que salieron de sus viviendas, ubicadas en la delegación Iztapalapa, comentaron sus familiares que iban a una fiesta.
A la familia de las mujeres se le informó que no había elementos para considerar un secuestro. Aunque por estos hechos, el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial adscrito a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán inició averiguación previa por el delito de feminicidio, hasta este día no se ha detenido a los responsables.
Autoridades de la capital esconden el problema
Ante la escalada de violencia contra las mujeres en la Ciudad de México diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos con enfoque de equidad de género comienzan a poner sobre la mesa un tema: impulsar en la capital una declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG).
En este sentido opina para Revolución TRESPUNTOCERO, Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés), que “desde hace tiempo que se debió haber decretado la Alerta de Género en la capital, por feminicidio. La desaparición de mujeres y la presencia de la delincuencia organizada han creado un caldo de cultivo perfecto para el feminicidio pero las autoridades se niegan a reconocerlo.
“La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha sido muy hábil escondiendo los números en las actas de defunción; no ponen las causas violentas, en vez de que diga: ‘asesinato por arma de fuego’ le ponen traumatismo craneoencefálico y ya, pero un traumatismo lo puede ocasionar un hacha, un batazo, pero eso no lo ponen”, detalló la activista.
Teresa Ulloa señaló que en la Ciudad de México es común la criminalización de las mujeres, Ulloa recordó casos como de Narvarte donde a una de las víctimas fue denostada por ser de origen colombiano.
“Hay casos con violencia extrema como el de la Narvarte que no han sido investigados con perspectiva de género, en este inmediatamente se culpó a las mujeres, se les inventó que sí eran del narco. En tantos años que llevo de activismo nunca había visto a la Procuraduría General de Justicia tan mal como está funcionando ahora con cero compromiso, sin respeto a los derechos humanos”, expresó Teresa Ulloa.
Si no se hace nada, CDMX estará como Veracruz
Aunque el Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidios colabora con las autoridades capitalinas desde hace algunos meses en materia de prevención e investigación de feminicidios a través del Comité de Seguimiento para la Implementación del Protocolo de Investigación Criminal para el caso de Feminicidios, el número de muertes violentas y desapariciones de mujeres hacen pensar a María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio, que es tiempo de emitir una alerta de género para la capital.
“De enero de 2014 a junio de 2015, 274 mujeres fueron asesinadas, pero sólo el 27 por ciento se han investigado bajo el esquema de feminicidio. En este momento vemos cómo el caso de la modelo colombiana Stephanie Magón no está investigándose como feminicidio si no como asesinato-suicidio.
“Vemos cómo se repite el caso de la Narvarte en este elementos: una chica colombiana, filtraciones a los medios de la revictimizan, las estigmatizan, diciendo que ellas son las que se metieron en líos y por eso les pasa lo que les pasa. No veo que sigan como línea de investigación las redes de trata de personas que abundan en la ciudad”, detalló para Revolución TRESPUNTOCERO, María dela Luz Estrada.
Aunque por este caso la activista reveló que ya se pactó (la próxima semana) una reunión extraordinaria entre el Comité de Seguimiento para la Implementación del Protocolo de Investigación Criminal y la Procuraduría General de Justicia local.
“Nosotras tenemos muchas dudas en cómo se está investigando este caso. Necesitamos saber en qué condiciones llegó la chica a México para descartar que haya estado en un situación de trata. Los reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos colocan a la ciudad como un lugar donde operan las redes de trata y ese tema se debe analizar.
“Otro dato que debemos tratar con la autoridad es el de las mujeres desaparecidas, tenemos registradas mil 124 mujeres que están desaparecidas de enero del 2015 a junio 2016. Aquí tampoco hay claridad de qué es lo que está pasando y cómo está actuando la autoridad en las primeras 24 horas”, apuntó Estrada.
María de la Luz señaló que en la Ciudad de México todavía no existen los niveles de violencia contra las mujeres equiparables con Morelos o el Estado de México, pero advirtió que de no tomar cartas en el asunto el problema podría profundizarse.
“En la zona oriente de la Ciudad de México, en los límites con el Estado de México hemos detectado un incremento en la violencia hacia las mujeres, si la autoridad no tiene una política de seguridad para atacar zonas de riesgo como método de prevención del feminicidio esas zonas pueden y están poniendo en riesgo a las mujeres”, apuntó la activista.
