(13 de marzo, 2016).- La reciente investigación del caso de la desaparición forzada del mecánico Víctor García García en Tierra Blanca, Veracruz mantiene alertados y molestos a especialistas en derechos humanos porque el caso permanece en el fuero militar.
En representación del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Édgar Cortez habló sobre caso argumentando que quienes encontraron el cuerpo fueron elementos de la Gendarmería y ésta tendría que haber dado aviso al Ministerio Público federal, no a la Procuraduría de Justicia Militar.
“Aunque se reformó el Código de Justicia Militar, sigue habiendo una inercia y una mentalidad de las instituciones civiles de plegarse o de darle cierta prioridad en los hechos a las instancias militares, porque son militares los responsables”, indicó.
Por otra parte, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ahondó con la inconformidad del fuero militar y consideró que la investigación debe darse en la jurisdicción civil.
“En todos estos casos siempre queda la duda, la incógnita, de que tanto el Ejército, monopolizando las investigaciones, tiene una investigación independiente e imparcial”, indicó.
Patrón, ilustró el contexto agregando que n se trata de un caso aislado, dijo que son semejantes el caso Tlatlaya y el de la desaparición de seis jornaleros agrícolas en La Calera, Zacatecas.
“Hay claros contextos de macrocriminalidad, o sea tenemos sectores policiales y de la propia institucionalidad del Estado, que están incurriendo en graves violaciones a derechos humanos y que incluso podría haber duda de qué tanto están en aquiescencia o contubernio expreso con el crimen organizado.
“Este caso sucede en Tierra Blanca, donde ha emergido también a la voz pública el caso de cinco jóvenes que fueron entregados por la Policía estatal al crimen organizado. La pregunta es qué tanto estamos hablando de un territorio en donde la institucionalidad del Estado está en realidad trabajando para el crimen organizado”, comentó.
