(04 de octubre, 2015).- El fiscal general de Chihuahua, Jorge Enrique González Nicolás, reconoció que en las últimas semanas se registró, en el municipio de Chínipas, el desplazamiento de familiares de personas que fueron ejecutadas, luego de haber recibido amenazas por parte de grupos de la delincuencia organizada.
El funcionario intentó minimizar la situación al argumentar que solamente fueron tres o cuatro familias las que pidieron protección a la fiscalía para dejar la zona; sin embargo, se tiene conocimiento de que más de 700 familias decidieron abandonar la comunidad a consecuencia de los constantes enfrentamientos entre comandos armados relacionados con el Cártel de Sinaloa.
Desgraciadamente, la violencia o se ciñe a dicha comunidad, pues otros similares han ocurrido en Urique, Uruachi, Batopilas, Guadalupe y Calvo, entre otras comunidades de la Sierra Tarahumara que colindan con Sinaloa, Durango y Sonora. En esta zona, comunidades completas han sido víctimas de asesinatos, desapariciones y desplazamientos.
Nicolás atribuyó esos hechos a la presencia que existe en los centros urbanos de elementos de la policía federal e incluso del Ejército mexicano, lo que según él, ha obligado a los grupos armados a replegare hacia a la Sierra Tarahumara.
Sobre la situación que priva en la comunidad de Chínipas, el funcionario dijo que “está controlada” y agregó que la gente puede tener confianza para regresar.
Además informó que los encargados de seguridad de Sinaloa, Durango, Sonora y su entidad acordaron realizar operativos conjuntos para evitar que delincuentes traten de evadir la justicia refugiándose en entidades vecinas a las que delinquen.
En tanto, Noel Díaz Rodríguez, secretario de Seguridad Pública de Durango precisó que dicha coordinación se dio en el marco de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, aunque todavía no hay un acuerdo formal sobre la forma en que operará dicha coordinación que además incluirá el intercambio de información.
“Lo que se está viendo es perfeccionar los instrumentos legales y técnicos para saber cuándo ingresar a otro estado, pero no sólo en esa zona del país sino en todas las entidades, para lo cual se requiere un proceso de autorización específico. Obviamente se tocó el tema de mejorar la coordinación”, explicó Díaz, pues para que la policía de un entidad pueda tener injerencia en otra, “se requiere de ciertos protocolos para notificar a las autoridades y se requiere los mandatos especiales para ser puntuales a la hora de cruzar a otro estado”.
