(27 de marzo, 2016).- A propósito de la recta final del segundo mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), día día se ha intensificado una campaña de desprestigio y descalificación en contra de varios de sus integrantes, funcionarios de la Organización de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de reconocidos activistas nacionales que han denunciado la severa crisis por la que atraviesa el país en materia de derechos humanos.
La intensa y amplia operación de desprestigio iniciada por varios actores privados, en la que incluso un sector gubernamental ha participado de manera activa y también omisa, así como medios de comunicación nacionales, organismos e instancias internacionales han salido a la defensa del grupo de expertos.
Y además de darles su respaldo, también han exigido al presidente Enrique Peña Nieto condenar estos actos de desacreditación y difamación. Esta exigencia ha tenido apenas una tibia respuesta gubernamental. Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Juan Carlos Gutiérrez, de Ideas Litigio Estratégico de Derechos Humanos, y José Antonio Lara, del Centro Zeferino Ladrillero, consideran que “esta campaña podría arreciar en las próximas semanas rumbo al próximo 30 de abril, fecha en que concluye el segundo mandato del GIEI, que presentará su informe final sobre las investigaciones del caso Iguala”.
“Este clima adverso y de cuestionamientos en contra del GIEI podría ser utilizado por el gobierno federal para decidir ya no renovar su mandato”, afirmó el investigador Édgar Cortez. Esto luego que en septiembre pasado, cuando en su informe del primer mandato, el grupo de expertos de la CIDH echó abajo la llamada “verdad histórica” de que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos habían sido ejecutados y sus cuerpos incinerados en el basurero de Cocula.
A esto se ha sumado la insistencia de querer entrevistar a los militares que estuvieron en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, días en que ocurrieron los ataques a los jóvenes. En el grupo de las personalidades que han intentado desprestigiar al grupo de expertos, se encuentra Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, y el abogado José Antonio Ortega, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, en cuyo blog concentra estas expresiones, quien interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal en contra del secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, por el delito de “fraude”.
Además, exige al gobierno mexicano poner fin al trabajo de coadyuvancia del GIEI, bajo el argumento que “ha desviado el trabajo” realizado por la PGR en las investigaciones del caso Iguala. Los ataques al GIEI se han centrado contra la guatemalteca Claudia Paz y la colombiana Ángela Buitrago, las dos mujeres integrantes. Incluso, la CIDH se vio obligada a expresar públicamente su “respaldo total, absoluto e incondicional” al grupo de expertos, ante el silencio del gobierno mexicano.
