(09 de diciembre, 2013).- A un día de ser discutida la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal –propuesta por un diputado del Partido Acción Nacional (PAN)– en las Comisiones de la Cámara de Diputados, organizaciones defensoras de derechos humanos, ciudadanos e, incluso, algunos legisladores se han posicionado completamente en contra de su aprobación.
La iniciativa presentada por el panista Jorge Sotomayor Chávez en octubre pasado pretende regular las manifestaciones en la Ciudad de México, prohibir bloqueos y permitir la disolución de protestas por parte de la autoridad, entre muchas otras especificaciones.
La propuesta será revisada el día de mañana por las comisiones unidas del Distrito Federal y de Derechos Humanos. Tres legisladores pertenecientes a esta última, enviaron el día de hoy una solicitud a la presidenta de su Comisión para que presente un dictamen en sentido negativo sobre el proyecto de ley.
De acuerdo con Elena Tapia Fonllem, Roberto López Suárez y José Luis Muñoz Soria, secretaria e integrantes de dicha Comisión, respectivamente, el proyecto debe rechazarse, en primer lugar, porque su aprobación excedería las facultades de la Cámara Baja sobre la legislación del Distrito Federal.
Los diputados, todos pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostienen que los temas referidos en la Ley propuesta por Sotomayor son competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) porque están dentro de las facultades que la Carta Magna le confiere expresamente. El Congreso de la Unión sólo podrá legislar en aquéllas que no sean conferidas de manera expresa.
Sumado a esto, los perredistas afirmaron que múltiples disposiciones del proyecto reproducen total o parcialmente disposiciones ya existentes en el Distrito Federal. Además, aseguran, de contravenir en varios artículos a la Constitución y a los tratados internacionales que el país ha firmado y ratificado.
A esta conclusión llegó también Iván Pedroza, especialista en derechos humanos, tras llevar a cabo un análisis legislativo sobre el texto presentado por Sotomayor. De acuerdo con sus comentarios, el diputado panista pretende legislar en múltiples materias de competencia exclusiva de la ALDF: vías públicas, tránsito, transporte y justicia cívica. De hecho, Pedroza sostiene que en varias ocasiones se retoma total o parcialmente artículos de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal.
Entre las críticas destacan las realizadas sobre el artículo 2°, sobre el cual Pedroza opina que la definición de manifestación de la Ley es “negativa” ya que “no se concibe como ejercicio de derechos humanos sino como posible perturbación, contraria a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Además, asegura que la Ley propuesta excluye las concentraciones de carácter religioso, ya que en la propuesta panista sólo se especifican las manifestaciones de “carácter político, social, cultural y recreativo, y que pueda perturbar el tránsito en las vialidades, la paz y tranquilidad de la población de la ciudad”.
En este contexto, una serie de organizaciones en derechos humanos emitieron un comunicado conjunto en el cual afirman que, de aprobarse esta iniciativa el día de mañana, “se daría un importante retroceso en materia de protección y garantía de libertades y derechos humanos en la Ciudad de México”.
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A. C., Artículo 19, Mujer y Medio Ambiente A. C., Movimiento Urbano Popular, y la Alianza Democrática de Organizaciones Civiles, entre muchas otras, aseguran que Sotomayor y su Grupo Parlamentario no los han escuchado ni han querido recoger las críticas realizadas por especialistas sobre su iniciativa.
Estas organizaciones sostienen que la iniciativa de la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal viola los artículos 19° y 21° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al 13° y 15° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los artículos 4° y 21° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como a los numerales 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
A estas quejas se sumó Amnistía Internacional (AI), organización que hizo un llamado a los integrantes de las Comisiones que discutirán la Ley “el mismo día que el mundo celebra la Declaración Universal de los Derechos Humanos” para rechazarla, ya que “atenta contra el derecho de libertad de expresión y asociación”.
A través de su comunicado, AI “recordó” a las autoridades mexicanas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente al nervio principal del sistema democrático”.
