Ejecutivo designará a miembros de los órganos reguladores en materia energética

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(25 de julio, 2014).- De lunes a jueves se aprobaron las cuatro minutas de la legislación secundaria de la Reforma Energética, turnadas por el Senado a San Lázaro. Curiosamente el sentido de los votos de las fracciones e incluso los lapsos de tiempo fueron idénticos en cada una de las sesiones de la Comisión de Energía.

La última de estas cuatro minutas fue aprobada la tarde del jueves por la Comisión de Energía, la cual expide las leyes de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Los 22 votos a favor en lo general correspondieron al PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza. En contra se pronunciaron PRD, PT y MC con siete votos. En lo particular se trataron dos temas, el primero propuesto por el PRD sobre los órganos reguladores. El segundo planteado por MC acerca del medio ambiente y la utilidad pública. Los cuales fueron “mayoriteados”.

De acuerdo con el secretario de dicha comisión, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos del PRI, con esta minuta se planea brindar de “autonomía técnica, operativa y de gestión” a los órganos reguladores, que además tendrán facultades de regulación técnica y económica en los sectores eléctrico y de hidrocarburos.

Dichos Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética son la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuyas funciones deberán ser en coordinación con la Secretaría de Energía (Sener), para que las actividades y resoluciones que emitan “sean en conformidad con las políticas públicas del Ejecutivo Federal”. El cual tendrá facultades de regulación técnica y financiera en los sectores de hidrocarburos y electricidad.

Cada uno de estos órganos reguladores, se conformarán por siete comisionados, incluidos presidente y secretaría Ejecutiva, respectivamente. El Ejecutivo será quien proponga a cada uno de ellos por ternas que se someterán a la consideración del Senado. Su gestión será por siete años a partir del 1 de enero, y podrán reelegirse por un periodo más.

Oswaldo Ochoa aseguró que los órganos reguladores tendrán que transparentar toda la información referente a las actividades de los comisionados al frente de cada organismo, entre las que se encuentran las votaciones particulares para el otorgamiento de  contratos, permisos, autorizaciones, adquisiciones, servicios, arrendamientos y obras que celebren; los que estarán sujetos a la Ley de Anticorrupción en contrataciones públicas.

Se crea un Consejo Consultivo para cada uno de los órganos reguladores, en los que podrán participar representantes de las instituciones del sector energético como de la academia, así como contratistas o permisionarios que hayan sido autorizados y usuarios.

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos tendrá autonomía de gestión y autonomía técnica, desconcentrada de la Secretaría del Medio Ambiente. Su propósito será la protección de las personas trabajadoras y de las instalaciones de las megapetroleras, en lo que respecta a la seguridad industrial, operativa. En su caso, en el proceso de desmantelamiento, abandono de instalaciones y el control de residuos y emisiones contaminantes, dicta la minuta.

Tendrá la facultad de suspender trabajos en lo que respecta a construcción y operación, podrá ordenar medidas de seguridad, asegurar sustancias, equipos, ductos o instalaciones, como cualquier activo referente al sector. De igual manera impondrá sanciones que deriven del entorpecimiento del trabajo desempeñado por los inspectores.

El director ejecutivo de la Agencia “será designado y promovido” libremente por el Ejecutivo Federal. Asimismo, la agencia podrá interponer denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), ante daños al medio ambiente o irregularidades en el sector.

Hoy se discutirán las minutas que se refieren a los aspectos financieros y presupuestarios de esta legislación.

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