(18 de junio, 2014).- Los recientes ataques que la policía de El Salvador ha recibido de parte de las pandillas con armas que en teoría son de uso exclusivo del Ejército, como rifles de asalto M-16 y AK-47 ha llevado a investigaciones que recientemente indicaron el tráfico de armas que debieron ser destruidas, por parte de los militares.
En el informe de las pesquisas, el Fiscal General de El Salvador señaló que el ministro de Defensa, David Munguía Payés, está involucrado y que no sería extraño que las armas hubiesen terminado en manos de las pandillas.
El comunicado de Martínez, se genera tras un choque del pasado 30 de mayo, donde funcionarios militares negaron el ingreso a investigadores de la Fiscalía a cinco cuarteles, que pretendían obtener documentos solicitados para un inventario del arsenal de la nación, como afirmó el fiscal. Posterior a ello, Martínez y Munguía se enfrascaron en una guerra de declaraciones en las que el funcionario castrense afirmó que estaba en riesgo la seguridad nacional con la entrega de los archivos.
Hasta 2011, Munguía Payés fue ministro de Defensa para convertirse en ministro de seguridad; una reciente investigación periodística reveló que funcionarios suyos permitieron que líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 fueran trasladados a prisiones de baja seguridad para hacer más atractivo un pacto por las armas. Apenas el año pasado, fue devuelto por inconstitucionalidad a Defensa y fue mantenido en el cargo por el nuevo presidente, Salvador Sánchez Cerén.
Este año, debido a la disolución del pacto, en las calles salvadoreñas se vive una ola de violencia con índices de asesinatos que han marcado casi 12 diariamente; debido a los nuevos señalamientos contra Munguía, la administración de Sánchez Cerén reafirmó que no tendrían que ver en el pacto, aunque en caso de ser verdaderas, significaría que un integrante del pacto estaba vinculado con el tráfico del armamento.
De acuerdo a fuentes de inteligencia, no existen acciones preventivas o punitivas contra el tráfico de armas en militares, por lo que se han registrado diversos casos en la administración de Munguía, como el caso del capitán del ejército Héctor Antonio Martínez Guillén, quien en 2011, aceptó ser culpable de ofrecer armas a agentes encubiertos que fingían ser integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Una fuente de inteligencia entrevistada por el sitio especializado, InSight Crime, aseveró que la primera investigación contra Martínez Guillén, arrancó posterior a que pandilleros provocarán explosiones en la capital del país con armamentos que fue rastreado y llegó con el llamado “Capitán”.
La fuente de inteligencia además de asegurar que Munguía sabía lo que pasaba, detalló que, a menudo, las armas decomisadas son traficadas. Y por otra parte, rifles dañados se contrabandean y cuando son reconstruidos ingresan en el mercado negro.
