A dos años de la masacre de Tlatlaya, Estado de México, el Ejército continúa con la negación de rendir cuentas por la muerte de 22 personas en manos de los militares, lo que sólo propicia la impunidad y la repetición de los actos violentos, denunciaron organizaciones mediante un pronunciamiento.
Los colectivos de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos cuestionaron la falta de investigación e inacción de la Procuraduría General de la República (PGR), ya que desde la masacre que ocurrió el 30 de junio de 2014, hasta la fecha, no hay ningún responsable de los tres niveles de poder por la ejecución arbitraria de los 22 civiles.
Asimismo recalcaron que pese a que se reveló la existencia de una Orden General de Operaciones que estuvo a cargo de los militares que realizaron la matanza, hasta la fecha no ha sido investigada por las autoridades federales.
Y en contraste en vez de dictar sentencias contra los militares responsables, a lo largo de este año, los jueces federales han ordenado su libertad a los procesados “por falta de elementos para probar los hechos o las responsabilidades en la incurrieron”, además que todos los militares “detenidos” eran de bajo rango.
Por ello y ahora que el sexto tribunal unitario entregó otra vez el caso de Tlatlaya a la PGR para modificar la denuncia con mayores elementos, las organizaciones exigen en esta ocasión la investigación sea eficiente y se logré encaminar a la justicia y no a la impunidad.
Cabe recordar que por su parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) durante su investigación sobre la masacre concluyó en una recomendación en 2014 donde sólo reconoce que entre 12 y 15 de las víctimas fueron ejecutadas arbitrariamente.
