(10 de febrero, 2014).- El pasado 5 de febrero, el reportero de nota policiaca Gregorio Jiménez de la Cruz fue secuestrado alrededor de las 7:45 de la mañana por un comando armado que irrumpió en su domicilio, en la colonia Villa Allende del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, entidad con mayor índice de reportes de agravios contra periodistas.
La organización Periodistas de a Pié reporta que, de 2011 a la fecha, “nueve reporteros han sido asesinados, cuatro han sido reportados como desaparecidos y una docena ha tenido que abandonar la entidad debido al clima de violencia generado por los cárteles de las drogas”. Artículo 19 documentó “38 agresiones a la prensa en el estado de Veracruz durante 2013; ocho de éstas fueron privaciones de la libertad; la desaparición del periodista Sergio Landa se encuentra como una de las más graves”.
El área de investigaciones especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició la averiguación coat4/058/2014. Gregorio Jiménez recibió amenazas por parte de la dueña de un bar donde supuestamente se oculta a migrantes secuestrados, dijo en conferencia de prensa el fiscal asignado al caso, Enoc Maldonado, el pasado 7 de febrero y a más de 48 horas de la desaparición de Goyo, como le llaman los allegados a Jiménez de la Cruz.
Pese a que el gobierno de Javier Duarte ha informado que se trabaja en el caso, los datos de reporteros desaparecidos, perseguidos y asesinados muestran que la libertad de expresión y el derecho a la información no están asegurados en la entidad. El ejercicio del periodismo se dificulta ante la falta de garantías para salvaguardar la integridad, la vida propia y de las familias de los compañeros; condiciones básicas que no han sido prioridad en los últimos años.
Reporteras, fotógrafos y familiares de Gregorio Jiménez han denunciado las irregularidades y la falta de apego al protocolo de búsqueda, localización y resguardo de toda persona desaparecida, durante las cruciales 48 horas, siendo los mismos compañeros de trabajo quienes emitieron las alertas del secuestro y notificaron de las amenazas recibidas por Jiménez de la Cruz, por el ejercicio de su labor.
Periodistas de varios medios de comunicación han realizado manifestaciones en en estado, para exigir al gobierno de Javier Duarte dar con el paradero de Goyo y con los responsables de la privación ilegal de su libertad. También han repudiado los crímenes contra la libertad de expresión y la tolerancia de las autoridades ante tales hechos. Asimismo, han expuesto la actuación de las policías municipales y estatales en colusión con la delincuencia. Denuncias y protestas por las cuales algunos de ellos han sido reconvenidos por directivos de sus respectivas empresas, incluidos los diarios para los que labora Gregorio, Noti Sur y Liberal del Sur, según reporteros.
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Alrededor de todo el territorio mexicano, las y los reporteros son víctimas de amenazas, no sólo por parte del crimen organizado sino también por funcionarios o ex funcionarios que ven sus intereses en juego por el valor de la información como bien ciudadano. El estado de Veracruz ha destacado por encabezar la lista del número de atentados en contra de periodistas, por entidad.
Veracruz es campo de cultivo de mariguana y amapola. Si bien no es equiparable con los estados como Guerrero, Michoacán o Oaxaca, la entidad sí es una de las principales rutas de distribución de drogas, un territorio en disputa por el control de mercados, pero también una vía importantísima por las que miles de centroamericanos transitan con rumbo a Estados Unidos en busca del sueño americano, sueño que –como expresan defensores de derechos humanos y familiares de migrantes desaparecidos– se convierte en una pesadilla.
Gente desaparecida, cooptada por la delincuencia, personas secuestradas, asesinadas, mujeres (en su mayoría), víctimas de trata y prostitución. Todo ocurre en total impunidad frente a las autoridades y el monopolio de la violencia pareciera estar en manos del crimen organizado. Ante la ausencia de un Estado de Derecho, la impartición de justicia obedece a intereses mercantiles mas no al aseguramiento de los derechos y garantías ciudadanas. Escenario en el que, paradójicamente, ser periodista e informar sobre temas cruciales para la vida nacional se ha convertido en un delito.
En México, los gobiernos locales, estatales y federal no garantizan la seguridad de los profesionales de la información. Los medios de comunicación para los que se labora tampoco brindan de las condiciones básicas para el desempeño de la labor periodística –como lo son seguros médico y de vida, por ejemplo. Se trabaja entre la censura por los consorcios de comunicación y la autocensura a causa de la inseguridad o la falta de recursos económicos para subsistir. Situaciones que han mancillado esta profesión crucial para la vida democrática del país.
Es imperativo que como sociedad civil hagamos nuestro cualquier atentado en contra de periodistas, porque atenta en contra de la libertad de expresión. Defendamos como ciudadanos nuestro derecho a la información reclamando el resguardo de la vida de las personas que con la labor diaria revelan una realidad injusta.
Como periodistas, el atentado contra alguno del gremio es un atentado en contra de todos. Reflexionemos para quién o quiénes laboramos, cuando las empresas periodísticas nos dejan cada vez más en la indefensión, con menos derechos laborales y de seguridad. Situaciones que no sólo padece el compañero que hoy está desaparecido o la compañera que fue víctima de hostigamiento y acoso sexuales por parte algún funcionario o el que es perseguido o la que fue asesinada o el que fue despedido o la que fue amenazada de muerte. Urgente que demos cuenta de que estas situaciones las padecemos todas y todos.
