(18 de noviembre, 2013).- Ser indígena en México podría representar perder la libertad ante los tribunales, al menos así les ocurrió a Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Francisco Marcial, indígenas ñañús que perdieron su libertad al ser acusadas por los cargos de privación ilegal de la libertad de seis agentes federales que participaron en un operativo contra la venta de productos pirata en Santiago Mexquititlán, Querétaro. Alberta y Teresa, además, fueron juzgadas por delitos contra la salud en 2006.
Pero su caso ha regresado a la luz pública ya que, el próximo miércoles, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) decidirá si procede la reparación del daño solicitada por las indígenas.
Las tres mujeres fueron sentenciadas a 21 años de prisión y esa sentencia se confirmó en segunda instancia, pese a que no se encontraron pruebas en su contra ya que los demandantes –los agentes federales– nunca se presentaron ante el Ministerio Público a ratificar su acusación. Ante las irregularidades del caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en contra de la Procuraduría General de la República (PGR) en 2009, la cual no fue aceptada por la dependencia federal.
Como respuesta, la PGR señaló en diciembre pasado que en el caso de las mujeres indígenas no hubo actividad irregular del Estado pese a la recomendación de la CNDH.
Dentro de las acciones para apoyar a las mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) señaló en su momento el seguimiento al caso de las tres indígenas, con un análisis jurídico de los documentos a los que tuvo acceso y desde la perspectiva de los derechos humanos, lo que dio pauta a pedir su libertad.
En 2009, Jacinta fue liberada al ser sobreseída la causa penal por las conclusiones de no acusación presentadas por la PGR (desistimiento), dando paso a su liberación un año después.
En 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el caso. El tribunal ordenó la inmediata liberación de Alberta y Teresa a partir de un proyecto presentado por la ministra Olga Sánchez Cordero, en el que consideró la existencia de graves irregularidades en el proceso contra estas dos mujeres indígenas.
Tras ser liberadas, las afectadas iniciaron un procedimiento de reparación de daños para que el Estado asuma su responsabilidad en el encarcelamiento ilegal que padecieron. Han tenido que seguir el procedimiento que marca la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la cual señala que las personas tienen la facultad de reclamar una reparación del daño a su favor cuando la autoridad ministerial actúa de modo irregular y ello deriva en una reclusión de manera injusta.
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tendría que emitir una orden de pago de indemnización, pero no se sabe el monto requerido por las agraviadas. No se trataría de comprar el tiempo que fueron privadas de la libertad, sino de obtener el reconocimiento de haber sido víctimas de un error de las autoridades: una victoria esperada por los defensores y sus defendidas.
