Por Elvira Arellano
(13 de mayo, 2014).-Esta semana voy rumbo a San Antonio Texas y luego a Laredo en la frontera. Mi viaje es parte del próximo paso en la “Campaña para Defender a los Niños Americanos”. Nos va a acompañar Gustavo Salmeron. Su esposa, Marlenne, se presentará a las autoridades fronterizas este sábado, día que en México se celebra, por tradición, como día de las madres. Ella va pedir libertad condicional de emergencia, para que pueda traer a sus dos hijos que son ciudadanos de los Estados Unidos, y reunificarse con dos hijos más que residen en los EU y son ciudadanos.
Gustavo explica que su esposa e hijos se encuentran bajo una amenaza inmediata de extorsión y secuestro de parte de organizaciones criminales que los amenazan porque tienen parientes en los Estados Unidos, y los delincuentes piensan que pueden exprimir un rescate de estos parientes.
Gustavo y su esposa, al recibir un consejo malo de parte de un abogado, fueron a México con el fin de que Gustavo, un ciudadano de los Estados Unidos, pudiera arreglar el estatus migratorio de su esposa y traer toda su familia a los Estados Unidos. La esposa, Marlenne, había entrado en los Estados Unidos sin autorización en una ocasión previa después de que una vez fue parada en la frontera. Aquella detención tuvo el resultado de una “deportación acelerada” y una prohibición de regresar a los Estados Unidos por 10 años cuando Gustavo hizo el intento de ajustar el estatus de ella.
Gustavo regresó a Chicago, donde trabaja como profesor bilingüe, para apoyar a su familia. Los dos hijos ciudadanos de los Estados Unidos quedaron con su madre en México. Ahí todos se encuentran sitiados por elementos que exigen dinero, además de amenazas de ser secuestrados o algo peor. En la calle donde residen, otras familias de estatus mixto han tenido que pagar y pagar y pagar. Una persona que no pagó fue ultimada. Se han mantenido los hijos fuera de la escuela pero aun así son blancos de la hampa.
Basándonos en información que nos han proporcionado pastores y organizaciones comunales en todo el país, nosotros en la Familia Latina Unida creemos que unos 100 mil personas están viviendo bajo la amenaza directa de organizaciones delictivos todos los días y este número está en aumento.
“La nación debe entender que cuando deportan una persona y la separan de su familia, se encuentran condenadas, a menudo con sus hijos que son ciudadanos estadounidenses, a una vida de peligro. Deportados y con familiares que permanecen en los Estados Unidos, prácticamente tienen un blanco pintado en sus espaldas en la mentalidad de las organizaciones delictivas.
La Campaña para Defender a los Niños Americanos tiene la meta de movilizar al presidente Obama para que él establezca un proceso que puede ayudar a aquellos padres de familia que han sido deportados por su administración y quienes en la actualidad viven bajo amenazas mortales en México, Guatemala, y Honduras. Su situación terrible viene directamente de la política de la administración de Obama que ha deportado a miles de personas que no tienen antecedentes criminales y que tienen familia en los Estados Unidos. Las organizaciones de la hampa en México creen que familiares en los Estados Unidos pagarán rescates para proteger la seguridad de sus seres queridos que han sido deportados, y los enfrentan con demandas de extorsión, a menudo seguido por plagios y hasta asesinatos.
La administración de Obama debe aceptar su responsabilidad por esta crisis de derechos humanos creada por su propia política. Eventualmente el proceso legislativo en el Congreso tendrá que enfrentarse con el problema de los deportados. Pero es obvio que aquel proceso queda estancado y mientras tanto, cosas terribles están pasando a familias, muchas de los cuales tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses.
En los últimos meses varias personas se han presentado en la frontera buscando ingreso bajo libertad condicional de emergencia, para unificarse con sus familias. Soy una de aquellas personas. Algunas personas han sido alentados por organizaciones activistas que no se han preocupado suficientemente por la seguridad de las familias, y solo unos cuantos han podido lograr la libertad condicional. Muchos han sido detenidos por mucho tiempo o se han enviado a México de nuevo. En algunos casos, personas han llegado con sus hijos pero las autoridades les han quitado sus hijos y los han entregado a agencias particulares. Lo que queremos nosotros es que la administración defina un proceso claro con definiciones claras de lo que constituye evidencia adecuada de una “amenaza creíble” que las personas deben traer consigo cuando se presentan.
Estamos combinando esta demanda para obtener libertad condicional de emergencia para que el presidente extienda DACA, el programa de aplazamientos para los soñadores, a las madres y padres de los soñadores y de los cinco millones de niños que son ciudadanos estadounidenses con padres y madres indocumentados. El presidente ha dicho que si el Congreso no actúe para el 4 de julio a más tardar, que va a tomar una acción decisiva. Nos quedan 60 días para levantar a la cima de una “montaña moral” en la cual el presidente debe cumplir con lo comprometido. Estamos organizando grupos en todo el país para “vigilar el cumplimiento de la promesa”. ¡Nos quedan 60 días! ¡Únanse con nosotros!
