El megaproceso electoral de 2027 costará al menos 51 mil millones de pesos, convirtiéndose en una de las contiendas intermedias más caras de la historia de México.
Este presupuesto, que se encuentra sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, se destinará a organizar la disputa en las urnas de 21 mil cargos de representación popular en todo el territorio nacional.
El dinero solicitado para las dependencias federales y las fuerzas políticas contempla una asignación sustancial para el Instituto Nacional Electoral, el cual absorberá 47 mil millones de pesos del total general.
Este monto cubre los 13 mil 453 millones de pesos etiquetados estrictamente para armar la operación de los comicios, el pago de la nómina de sus 18 mil trabajadores permanentes y un fondo de carácter precautorio de 4 mil millones de pesos diseñado para la eventual realización de consultas ciudadanas.
Por otra parte, el financiamiento público destinado a las prerrogativas de los partidos políticos nacionales alcanzará la cifra histórica de 10 mil millones de pesos.
Este incremento responde de manera directa a la fórmula de cálculo establecida en la Constitución Política y a la incorporación de dos nuevas fuerzas partidistas en el escenario nacional. Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mantendrá una previsión moderada al solicitar 4 mil millones de pesos para calificar las elecciones y desahogar las impugnaciones, repitiendo la misma cifra del ejercicio previo sin indexar el impacto inflacionario por instrucción de sus mandos.
Justificaciones de las autoridades electorales
La administración del Instituto Nacional Electoral defiende la solicitud de 4 mil millones de pesos adicionales en comparación con 2024 argumentando factores logísticos inevitables.
El argumento principal de los funcionarios es el crecimiento constante del padrón electoral, un fenómeno demográfico que obliga de manera automática a la instalación de 176 mil 741 casillas, representando un incremento de 6 mil 738 centros de votación en comparación con el proceso electoral federal pasado.
A este reto logístico se suma el impacto de una inflación proyectada del 3 por ciento y el encarecimiento en los insumos internacionales, particularmente en el costo del papel seguridad indispensable para la producción y el blindaje de las boletas electorales.
De manera independiente al presupuesto federal, las finanzas públicas de las entidades federativas deberán costear la operación de sus respectivos Organismos Públicos Locales para renovar una enorme cantidad de estructuras gubernamentales.
Las elecciones locales del año entrante pondrán en juego la renovación de 17 gubernaturas estatales y un total de 1,098 diputaciones locales repartidas en 31 entidades federativas.
Asimismo, la estructura municipal del país vivirá una transformación profunda con la elección de 2,204 presidencias municipales, a las cuales se añaden miles de cargos comunitarios y locales integrados por 299 presidencias de comunidades, 1,975 sindicaturas, 132 juntas municipales, 16 alcaldías de la capital y 204 concejalías.
