La diputada federal Lorena Villavicencio en el Foro “Hacia un nuevo Pacto Social”, organizado por la Universidad Autónoma de Chapingo, propuso una declaración conjunta entre la Universidad y un grupo de Legisladoras de la Legislatura de la Paridad, a fin de promover condiciones de igualdad garantizando ejercicio de derechos humanos a las mujeres del campo mexicano.
Inició su propuesta haciendo un llamado a las mujeres legisladoras del Congreso de la Unión, a emprender la gran batalla de cambiar la cultura patriarcal que predomina en las zonas rurales en nuestro país para sustituirla por una cultura de la igualdad y responsabilidad ciudadana.
Las mujeres de las zonas rurales siguen siendo sometidas en su mayoría por una cultura predominante que les impiden el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Ni la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, ni la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ni la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ni la Ley de Desarrollo Rural Sustentable han sido suficientes para desterrar la miseria y las condiciones precarias en las viven 14 Millones de mujeres de las zonas rurales en nuestro país.
Estamos ciertas que quienes han gobernado, lo han hecho a costa de mantener en la marginalidad a las mujeres y hombres de las zonas rurales promoviendo programas que no resuelven lo graves problemas de deterioro y abandono del campo mexicano. Ocho de cada diez personas en extrema pobreza viven en el campo mexicano. Y en esta nueva etapa política estamos ciertas que tenemos la oportunidad de cambiar esta condición de marginalidad, pero ello nos convoca a realizar alianzas amplias con el apoyo de esta gran Universidad Autónoma de Chapingo.
Las mujeres del campo no han podido convertirse en productoras por que los programas que ha impulsado el gobierno mexicano durante los últimos treinta años son claramente asistencialistas cuyo único propósito es mantenerlas cautivas como parte de su clientela electoral, para garantizar votaciones en los comicios. Se trata de subsidios insuficientes o mal instrumentados donde las pequeñas productoras o asalariadas agrícolas se mantienen en la marginalidad, muy lejos de lograr la autosuficiencia económica, condición indispensable para detonar verdaderamente el desarrollo del campo mexicano. Situación que se agrava en el caso de las mujeres, aún cuando somos necesarias para erradicar el hambre y la mala nutrición en nuestro país.
¿Cuántos de los programas impulsados por diferentes instituciones se pierden por falta de capacitación? ¿O por una mala distribución y deficiente comercialización? Y estamos hablando de los productores. Y qué decir cuando los grandes recursos son acaparados por organizaciones campesinas, cuyos líderes los utilizan discrecionalmente.
En este contexto sostenemos que las mujeres más violentadas o vulneradas en sus derechos humanos fundamentales son las mujeres campesinas en indígenas. Mujeres que no tienen acceso a la tierra, al agua, al reconocimiento por su trabajo, a tener un empleo digno, al respeto por sus conocimientos ancestrales, a la salud, educación, vivienda, apoyo en los cuidados.
Ante esta situación un grupo de legisladoras de todos los partidos estamos promoviendo un feminismo de abajo hacia arriba, donde la igualdad es nuestra principal bandera.
Manifestó que “no podemos convalidar la discriminación que tiene sometidas a las mujeres que viven arraigadas al campo, quienes ni siquiera tienen derecho a recibir el salario que en muchos casos los recibe el hombre, por ser considerado el ‘Jefe de Familia’”.
Disponer un título sobre su tierra, significa una dirección fija, acceso a las actas de nacimientos, credencial de elector. Es cruzar la frontera de mujeres invisibles a mujeres con derechos humanos y obtener la investidura como ciudadanas y participar políticamente.
Cerrar el ciclo de la reproducción de la pobreza y la eliminación del hambre en nuestro país cruza indiscutiblemente por el empoderamiento de las mujeres.
Según datos de la FAO, las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43 por ciento de las Mujeres agrícolas de todo el mundo. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras de todo el mundo. Garantizan la seguridad alimentaria de sus comunidades y construyen la resiliencia climática. Sin embargo , ¿cuáles son sus derechos?
Están excluidas de la posesión de la tierra, del acceso a los insumos, al financiamiento u obtención de créditos, a la tecnología agrícolas para ajustarse a los cambios climáticos y la capacitación para lograr un ciclo de productividad permanente. En los repartos o transferencias de tierra solo son reconocidos, en los hechos, los jefes de familia o los hijos mayores, y las mujeres obtienen el título de propietarias a través de la herencia, en contravención de convenios internacionales y leyes mexicanas. Situación que les impide acceso a un crédito y alcanzar su autonomía económica.
El cambio climático dificulta aún más el acceso de las mujeres a la tierra, el agua y la energía. A medida que aumentan las inundaciones y sequías, las mujeres y niñas rurales dedican más tiempo y esfuerzo a recolectar y garantizar el agua y el combustible, por lo que pierden oportunidades educacionales y generadoras de ingresos, limitando el poder de decisión y la participación que las mujeres rurales tienen en sus familias y comunidades.
Eliminar la desigualdad de las mujeres en el sector agrícola resulta fundamental para garantizar la seguridad alimentaria, construir la capacidad de resistir los cambio climáticos y erradicar la pobreza, así aumentar la productividad y evitar las grandes migraciones de quienes cruzan la frontera norte en búsqueda de su propia supervivencia o simplemente alejarlos de las grandes organizaciones criminales que se ha adueñado de grandes extensiones de tierra fértil y productiva.
Es importante destacar que el 18 de febrero de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas emitió una resolución (A/RES/64/140) relativa al Mejoramiento de la situación de la mujer en las zonas rurales, la cual no ha cumplido el Estado Mexicano.
En ella se conmina a los Estados a procurar el empoderamiento político y socioeconómico de las mujeres, apoyando su participación en la adopción de decisiones, a organizaciones de mujeres, sindicatos; Integrar la perspectiva de género en las políticas públicas; Tomar medidas para asegurar que se reconozca el trabajo no remunerado de las mujeres y sus contribuciones a la producción dentro y fuera de las explotaciones agrícolas; Preparar programas de asistencia y servicios financieros, microcréditos, procedimientos comerciales; Asegurar que la mujer rural disfrute de plena igualdad de derechos en materia de propiedad y arrendamiento de la tierra y otros bienes, incluso el derecho sucesorio; Implantar programas que refuercen la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer.
