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En Chile, Piñera quiere rematar el litio antes de irse; Boric, nacionalizar

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Con el reciente triunfo histórico de la izquierda chilena, encabezada por Gabriel Boric, se da un giro de tuerca en el tratamiento de los recursos naturales de dicho país, que tiene a la industria extractiva —especialmente, minería de cobre— como uno de los pilares de su economía.

El gobierno electo quiere apostar por un nuevo modelo para la explotación de minerales considerados estratégicos en la transición a la producción de energía proveniente de fuentes renovables y no contaminantes, como el litio, cobalto, grafito, entre otros.

Ya en México, el gobierno del presidente López Obrador dio un paso decisivo sobre el control estatal del litio que pueda estar en el subsuelo nacional, un hecho comparable con la nacionalización del petróleo que realizó el general Lázaro Cárdenas. Y en la reciente visita del canciller Marcelo Ebrard al presidente electo de Chile, confirmó que los minerales estratégicos para la transición energética estarán, sin duda, en la agenda bilateral.

Sin embargo, el 13 de octubre de 2021, a pocos días de la primera vuelta de la elección presidencial, el gobierno saliente encabezado por Sebastián Piñera lanzó el Decreto Número 23, que “establece los requisitos y condiciones del contrato especial de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio”, una licitación pública nacional e internacional sobre 400 mil toneladas de litio metálico comercializable, con una vigencia de 29 años.

Por su parte, el equipo del recién electo Gabriel Boric ha pedido detener la licitación que detonó el mencionado decreto. Además, la bancada del Partido por la Democracia (PPD) —del expresidente Ricardo Lagos— presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para el mismo efecto: frenar la licitación.

El recurso legal presentado por el PPD alude a la violación del artículo sexto de la Convención Internacional del Trabajo, ya que el decreto omite en sus bases la realización de una consulta indígena previa.

En tanto, la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, quien se perfila para formar parte del gabinete de ministros del gobierno de Boric, consideró que es sensato posponer la licitación ya que no se consideró el impacto ambiental ni una estrategia de valor agregado y, prácticamente, se entrega a un valor comercial muy bajo.

El ministro con carteras (Minería y Energía) del gobierno saliente, Juan Carlos Jobet, ha defendido la licitación del litio chileno a través de varias entrevistas a medios y desde su propia cuenta de Twitter. Según Jobet, la licitación cumple con todos lo requisitos legales y de transparencia; además, argumenta que el Estado podría recaudar alrededor de mil millones de dólares anuales sin que tenga que invertir y, por último, descarta que sea viable una estrategia de valor agregado para transformar el mineral en producto final, como ha pedido la diputada Camila Vallejo. “Los números no dan”, sentenció en un tuit.

Los argumentos de Piñera y su ministro son los del clásico dogma neoliberal: concesionar a privados los recursos naturales para ser explotados por empresas a cambio de regalías, casi siempre muy bajas, para el gobierno; y exportar materias primas en bruto para que sean terceros países los que las transformen, agreguen valor y vendan a un precio muy superior a los mismos países dueños de estas materias primas.

La entrada de México en la importante discusión sobre minerales estratégicos para el futuro y el papel que ha desempeñado el presidente López Obrador, con Marcelo Ebrard como su principal operador, para reformular la política exterior del país, tejiendo lazos de unidad en América Latina, es primordial para que el subcontinente, especializado por siglos en exportación en bruto de materias primas, pueda crear una cadena de valor a lo largo de nuestro sur que utilice, finalmente, a México y su potente plataforma exportadora para acceder a mercados con productos tecnológicos acabados, como las famosas baterías para autos eléctricos.

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