- Rosa Icela Rodríguez afirmó que la libertad de expresión está garantizada y anunció que la empresa encargada de servicios del Mecanismo de Protección ya fue notificada del próximo fin de su contrato, luego de inconformidades y deficiencias en la prestación del servicio; cerca de 3 mil periodistas y defensores son atendidos actualmente.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que “en México no se persigue a nadie por pensar distinto” y anunció que el Gobierno Federal pondrá fin al contrato con la empresa encargada de prestar servicios dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, después de las quejas y problemas registrados en su operación.
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que el mecanismo, que actualmente atiende a cerca de 3 mil periodistas y personas defensoras de derechos humanos, presenta deficiencias que deben corregirse. Frente a las inconformidades por la prestación de los servicios, aseguró que el Gobierno de México ya tomó medidas y notificó a la compañía sobre la próxima terminación de la relación contractual.
“Hoy como nunca se garantizan los derechos a la libertad de expresión”
Durante la conferencia de prensa de este viernes, Rodríguez defendió que bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo existe plena garantía para ejercer la libertad de expresión, incluida la posibilidad de mantener posiciones críticas frente al Gobierno.
Ante periodistas presentes en Palacio Nacional, sostuvo:
“A todos los que están aquí, los que escriben, hablan diariamente, pueden tener la certeza de que en México no se persigue a nadie por pensar distinto. Hoy como nunca, se garantizan los derechos a la libertad de expresión y también a la libre manifestación”
La secretaria reconoció que pueden registrarse problemas relacionados con la libertad de expresión en ámbitos estatales o municipales, pero subrayó que estas situaciones no constituyen la regla en el país.
Rodríguez remarcó además que garantizar ese derecho no depende de la voluntad de los gobernantes, sino que forma parte de las responsabilidades institucionales.
“Siempre decimos y a todos los gobiernos que no es una concesión, es una obligación del Estado, el respeto a la libertad de expresión; ese es nuestro pensamiento”
Gobierno termina contrato tras quejas por el servicio de protección
El posicionamiento estuvo acompañado de una decisión concreta sobre la operación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Al ser cuestionada sobre las quejas contra la empresa responsable de brindar servicios de protección, incluidas inconformidades relacionadas con problemas en los pagos que habrían repercutido en la prestación del servicio, Rodríguez confirmó que el contrato llegará a su fin.
“Por esa razón, ya la empresa ha sido notificada de que terminará en breve el contrato”
La secretaria explicó que la sustitución del proveedor requiere un proceso y no puede realizarse de manera inmediata, pero sostuvo que el Gobierno Federal ya trabaja en el cambio para mejorar la administración y los resultados del mecanismo.
La decisión responde, de acuerdo con lo expuesto por la funcionaria, a las inconformidades acumuladas por personas beneficiarias y a las deficiencias detectadas en la prestación de los servicios.
Cerca de 3 mil periodistas y defensores reciben protección
La dimensión del mecanismo hace especialmente relevante el cambio anunciado. Actualmente se encuentran incorporadas alrededor de 3 mil personas entre periodistas y defensores de derechos humanos, por lo que la Segob busca que la transición de proveedor permita corregir problemas sin desatender a quienes cuentan con medidas de protección.
Rodríguez aseguró que las autoridades reciben las quejas y mantienen seguimiento sobre su funcionamiento, además de intervenir directamente cuando algún comunicador enfrenta una situación de riesgo.
En estos casos, explicó, el Gobierno Federal establece coordinación con autoridades estatales, fiscalías y familiares, dependiendo de las circunstancias particulares y del nivel de riesgo.
La secretaria mencionó, entre otros ejemplos, un caso reciente ocurrido en Oaxaca cuya investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), y señaló que existe comunicación con autoridades locales y familiares para mantener el seguimiento correspondiente.
Redes sociales plantean nuevos retos al mecanismo
La transformación del ecosistema informativo también ha obligado a revisar cómo se determina quién puede recibir protección en el ejercicio de actividades relacionadas con la comunicación.
Rodríguez reconoció que las plataformas digitales han creado nuevas dificultades para establecer las fronteras entre periodistas y creadores de contenido, particularmente cuando una persona enfrenta amenazas derivadas de publicaciones realizadas en internet.
Pese a esas nuevas circunstancias, sostuvo que las situaciones de riesgo son atendidas y que, cuando es necesario, las autoridades realizan intervenciones y establecen coordinación con las instituciones correspondientes.
El anuncio de Segob abre ahora un proceso de sustitución de la empresa encargada de los servicios de protección, mientras el Gobierno Federal mantiene la atención de cerca de 3 mil personas incorporadas al mecanismo.
Rodríguez sintetizó la posición del Gobierno de México en dos puntos: corregir las deficiencias existentes en el esquema de protección y garantizar que periodistas y ciudadanos puedan expresarse libremente, bajo el principio de que el respeto a la libertad de expresión es una obligación del Estado y no una concesión gubernamental.
