Moody’s Local México anunció un nuevo ajuste a la calificación de Grupo Elektra, al degradarla de AA+ a A-, decisión que la agencia explicó como una consecuencia directa de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que mantuvo los créditos fiscales reclamados por el SAT y desechó los amparos promovidos por la empresa por adeudos de ISR correspondientes a 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013.
La agencia sostuvo que el riesgo jurídico para Elektra permanece elevado, pues considera baja la probabilidad de que los litigios fiscales se resuelvan a favor del conglomerado. En un escenario adverso, advirtió, el impacto podría reflejarse en la operación, en el flujo de efectivo y en la posición financiera general de la compañía. Además del recorte, Moody’s modificó la perspectiva a negativa, lo que anticipa la posibilidad de nuevas acciones a la baja.
En sus proyecciones, la calificadora señaló que Elektra podría enfrentar un pago fiscal de 48,326 millones de pesos, monto que contrasta con los 21,299 mdp reportados en caja al cierre del tercer trimestre de 2025. Con este movimiento, la empresa pasó de la categoría “Muy Fuerte” (AA) a “Por encima del promedio” (A), intervalo que implica un mayor nivel de vulnerabilidad ante condiciones económicas desfavorables.
La degradación también alcanzó a los certificados bursátiles Elektra 23L, Elektra 23-2L, Elektra 25 y Elektra 25-2, que quedaron ubicados en el mismo nivel crediticio, mientras que el programa de deuda de corto plazo permaneció en ML A-1.mx. Este ajuste significa que la agencia percibe un riesgo más alto de incumplimiento, situación que podría traducirse en mayores costos de financiamiento para la empresa, dado que los inversionistas exigirían rendimientos más elevados.
El movimiento de Moody’s ocurre tres semanas después de que la SCJN confirmara créditos fiscales por 48,393 mdp contra empresas del grupo dirigido por Ricardo Salinas Pliego, cifra equivalente al 58 % del patrimonio del empresario, estimado en 100,650 mdp por Forbes. Permanece además sin resolución un litigio adicional por 74,000 mdp, relacionado también con ISR de los mismos ejercicios. La Corte ha reiterado que los créditos fiscales deben ejecutarse sin posibilidad de reinterpretación.
