La adhesión formal de Colombia a la Coalición contra los Carteles de las Américas —oficialmente denomindada Coalición de las Américas contra el Cartel (A3C) y popularmente conocida como “Escudo de las Américas”— marca un giro en la dinámica de seguridad del hemisferio.
Con la llegada al poder del presidente de línea dura Abelardo de la Espriella, la alianza militar promovida por la administración del presidente Donald Trump incorpora por primera vez al principal productor de cocaína del mundo, sumando ya 19 naciones integradas.
El anuncio formal fue encabezado por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una visita oficial a Panamá, donde proclamó como nuevo lema operativo la frase: “Hacemos cosas malas a gente mala”. No obstante, tras cinco meses de su firma fundacional en Doral, Florida, la coalición carece aún de un plan operativo aprobado, abriendo un debate sobre la efectividad real de un enfoque puramente militar frente al crimen organizado transnacional.
Fuerza letal y presión geopolítica
En el último análisis de The InSight Take, la editora general de InSight Crime, Deborah Bonello, y el codirector Jeremy McDermott explicaron que, a la par del crecimiento de la coalición, Washington mantiene una campaña de ataques letales contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico. Esta ofensiva ya se ha cobrado más de 200 vidas.
Pese al uso de fuerza militar, no existen evidencias de que el flujo de narcóticos hacia territorio estadounidense se haya reducido. Por el contrario, los precios de la cocaína al por mayor en Estados Unidos se mantienen en mínimos históricos, aunque se reporta un cambio en las rutas y métodos logísticos de las redes delictivas.
A la vertiente militar se suma la presión diplomática. Hegseth ha instado abiertamente a los países miembros a abandonar la Corte Penal Internacional (CPI). De acuerdo con McDermott, esta exigencia responde a tensiones geopolíticas globales de Washington —como los conflictos en Medio Oriente y Afganistán— más que a la realidad delictiva de la región.
Según el especiaista, esta condición coloca a los gobiernos latinoamericanos en una encrucijada diplomática frente al derecho internacional y debilita las salvaguardas de derechos humanos que históricamente acompañaban la cooperación bilateral.
La lección de Ecuador: ¿pueden las respuestas militares derrotar al crimen?
Frente a la interrogante de si las respuestas militares pueden por sí solas derrotar al crimen organizado, McDermott pone como ejemplo la situación de Ecuador bajo el mandato del presidente Daniel Noboa.
Tras adoptar con entusiasmo la retórica militarista de Washington, declarar el conflicto armado interno y clasificar a las bandas como organizaciones terroristas, Noboa desplegó masivamente a las Fuerzas Armadas e impulsó operaciones conjuntas e intercambio de inteligencia con Estados Unidos.
A pesar de haber logrado la captura o muerte de algunos líderes delictivos, la investigación de campo de InSight Crime muestra que el flujo de cocaína no se ha reducido significativamente. Por el contrario, la estrategia de decapitar cúpulas criminales ha generado mayor dispersión, clandestinidad y sofisticación entre los grupos armados.
El impacto más severo ha sido en la seguridad ciudadana: Ecuador pasó de ser uno de los países más seguros a registrar récords históricos de violencia, elevando su tasa de homicidios de poco más de 7 por cada 100 mil habitantes en 2020 a 50 por cada 100 mil el año pasado. El despliegue militar no logró pacificarlo, sino volverlo exponencialmente más peligroso.
Riesgos del enfoque exclusivamente militar
El análisis contrapone el Escudo de las Américas con pactos históricos como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida. Mientras que aquellos planes contaban con presupuestos definidos, estrategias interinstitucionales y el brazo del desarrollo social mediante agencias como USAID —hoy desmantelada—, la nueva iniciativa carece de herramientas de poder blando.
Según McDermott, golpear tácticamente a las organizaciones mediante la suspensión de garantías o ejecuciones sin debido proceso genera un riesgo de deslegitimación estatal.
«Las fuerzas de seguridad necesitan el respaldo de las comunidades locales. Si el crimen organizado opera con el apoyo de la población civil, resulta imposible combatirlo desde la raíz», señaló el especialista,
Así, enfatizó la brecha entre victorias tácticas a corto plazo y la legitimidad estratégica indispensable a largo plazo. De cara al futuro, la coalición enfrenta trabas operativas de fondo.
Aunque la retórica busca disuadir la actividad criminal, el intento de extender las operaciones militares a suelo firme colisiona con las normas internas de varios países miembros, cuyas constituciones prohíben el despliegue o la acción de tropas extranjeras en su territorio sin autorización de los congresos o las cortes constitucionales.
Sin un plan integral que combine inteligencia, control de flujos financieros ilícitos y reconstrucción del tejido social, los analistas de InSight Crime sugieren que el Escudo de las Américas corre el riesgo de derivar en un esquema de victorias diplomáticas e impactos coyunturales, a costa de un aumento sostenido en los niveles de violencia en la región.
