(21 de diciembre, 2013).- El presidente de España, Mariano Rajoy, envió al Parlamento español una ley que terminaría con el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación.
La propuesta del Ejecutivo emanado del conservador Partido Popular (PP) anularía la “Ley de salud sexual y reproductiva”, aprobada durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.
Dado que el PP cuenta con mayoría absoluta en el Congreso, la oposición apela como único recurso para frenar esta iniciativa a la “conciencia y sensibilidad” de las 76 diputadas del partido oficialista.
No obstante, las representantes y funcionarias del PP se caracterizan por sus posturas fuertemente conservadoras y antipopulares. Un caso emblemático es el de la diputada Andrea Fabra, quien creó un escándalo al gritar un entusiasta “¡Que se jodan!” cuando Rajoy anunció en el Congreso el recorte a las prestaciones para los trabajadores desempleados, que actualmente representan más del 20 por ciento de la población española.
De aprobarse, la propuesta del PP haría retroceder la legislación española en materia de derechos reproductivos más de dos décadas en el pasado, a un ordenamiento similar –aunque aún más restrictivo– que el aprobado en 1985.
Con la ley actual, la mujer puede abortar libremente durante las primeras 14 semanas de gestación –sin tener que demostrar ningún motivo–, e interrumpir el embarazo hasta la semana 22 en caso de riesgo grave para su vida o su salud o para las del feto. El aborto se puede practicar en cualquier momento del embarazo cuando el feto presenta enfermedades muy graves, incurables o incompatibles con la vida
Con la llamada “Ley de protección de la vida del concebido y los derechos de la embarazada” presentada por Rajoy, el panorama cambiaría sustancialmente:
– Las malformaciones del feto ya no serán consideradas motivos válidos para la interrupción del embarazo.
– Tipifica el aborto como delito, con sólo dos casos despenalizados: violación y riesgo para la salud física o psíquica de la mujer.
– Si el embarazo supone un riesgo para la salud física de la mujer, tendrá un plazo de 22 semanas para abortar, pero deberá buscar que dos médicos que no trabajen en el centro donde se practicará el aborto certifiquen dicho riesgo.
– Si se presentan malformaciones en el feto, la mujer que desee abortar deberá demostrar que llevar el embarazo a término sería un riesgo para su salud psíquica y que el feto sufre anomalías “incompatibles con la vida”.
– En caso de violación, el plazo máximo para abortar será de 12 semanas.
– Todos los profesionales de la salud podrán acogerse a la objeción de conciencia.
– Las jóvenes de 16 y 17 años necesitarán el permiso de sus padres o tutores para abortar.
– Quedará prohibida toda publicidad de las clínicas de aborto.
Además de esta iniciativa a nivel nacional, el PP es el principal impulsor en el Parlamento Europeo de una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) llamada One of us (Uno de nosotros), que pretende destipificar el aborto como un derecho. One of us defiende dos premisas principalmente: no financiar con fondos públicos de la Unión Europea proyectos científicos en los que se destruyan embriones humanos, y no “promover” el aborto.
La propuesta ya ha alcanzado 1 millón 897 mil 176 firmas de ciudadanos europeos, más del mínimo requerido, y comenzará su tramitación en Bruselas para ser discutida en la siguiente legislatura.
En el acto de presentación en la Oficina del Parlamento Europeo, el eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja tachó el derecho al aborto de un “disparate y una aberración” y sostuvo que es necesario afrontar la “batalla global” en “defensa de la vida”.
