Colaborador: Nisaly Brito Ramírez / dirección@commenta.org
(4 de marzo, 2014).- La instauración y defensa de la economía neoliberal que asumieron la mayoría de los países latinoamericanos después de la Segunda Guerra Mundial, permitió que se contagiara a la ciudadanía común de la “paranoia de seguridad” sustentada en el temor a perder la libertad, la propiedad y el capital. A partir de esto se empezaron a construir estrategias de control social que prometían proteger la propiedad privada de las personas a cambio de su libertad. Las plazas, las calles y los espacios abiertos dejaron de utilizarse por temor a la inseguridad y se interiorizó el “sospechisismo” contra todo aquel que por su apariencia, pueda resultar peligroso o sospechoso.
Bajo estos argumentos falaces de “progreso” y “seguridad”, el Estado victimiza a las poblaciones laceradas por la pobreza al aislarlas de sus proyectos de ciudad y no beneficiarles con la debida protección y garantía de los derechos humanos que les permitan su desarrollo completo. Además, vulnera su integridad física, psicológica y emocional por medio de leyes y políticas inmediatistas (CDHDF: 2012:3)[1].
Muchos Estados alrededor del mundo han implementado diversas estrategias para esconder, negar e invisibilizar a estas personas. Se han amparado en argumentos de protección civil y seguridad ciudadana y han colocado a la economía y la ilusión de desarrollo por encima de los derechos humanos de esta población.
Dentro de estas estrategias se encuentran los planes de remozamiento urbano
Están dirigidos a “recuperar” los espacios públicos y a mejorar la infraestructura y el sistema de transporte de un territorio. Por lo regular, los Estados priorizan las reconstrucciones en los centros históricos, parques o plazas importantes de la ciudad y la adecuación de avenidas principales. Posterior a la inversión, se fomenta el intercambio económico mediante la promoción de centros comerciales y centros de recreación.
¿ y eso qué tiene eso de malo? Pues que antes de iniciar los trabajos de reconstrucción, a todas las personas que viven o pernoctan por ese lugar y que no tienen el perfil para dar una buena imagen, son retiradas, acosadas y criminalizadas por las autoridades (sobretodo policías). Las víctimas más frecuentes son los enfermos mentales, las poblaciones callejeras, los/ as trabajadoras sexuales y los/as vendedores ambulantes. Ellos se quedan sin opción laboral, sin alternativa de vivienda y en la mayoría de los casos, sin protección estatal.
La limpieza social
Es un fenómeno que empezó en 1979 en Colombia como una forma de “erradicación” de ladrones. Se caracteriza por priorizar a jóvenes de escasos recursos y con “pinta” de peligrosos que puede atentar contra la seguridad y la tranquilidad del ciudadano común. Las acciones de limpieza social se desarrollan en los llamados “barrios marginados” y en “zonas turísticas” y tiene como blanco a personas muy pobres y a jóvenes consumidores de drogas, con tatuajes, con baja escolaridad y/o con alguna característica que por prejuicio, se asocia a delitos.(Mendoza: 2001: s/p)[2].
De acuerdo con Juan Marín Pérez García (2013: s/p)[3] las acciones de “Limpieza Social” responden a presiones económicas o políticas de grupos empresariales o ciudadanos de clases sociales más aventajadas. Para este autor, el tipo y gravedad de las agresiones y violaciones a derechos humanos pueden iniciar con retiros forzados del espacio público, amenazas, privación de libertad, esterilización forzada, hasta la desaparición y homicidios. Generalmente estos hechos quedan impunes ante las dificultades de recabar evidencias con poblaciones altamente discriminadas.
Casos recientes de Limpieza Social en México: Parque Alameda Central
La Alameda Central es el paseo más antiguo de la Ciudad de México. Es uno de los parques más populares de la Ciudad, pues ha sido un centro de reunión familiar, paseos y esparcimiento. El 26 de noviembre del año 2012 el entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, inauguró la remodelación de este parque público después de 8 meses de trabajo y una inversión de 245 millones de pesos mexicanos.
Durante el acto inaugural el funcionario manifestó:
“…Vamos a tener un responsable (…)para que nuestra Alameda Central (…) no se llene de ambulantes, no tengamos indigentes, aunque por ahí no le guste a alguna persona que diga yo eso, pero es la verdad. Este es un espacio público para todos y lo vamos conservar y mantener así”
Luego de los señalamientos que hicieron organizaciones de la sociedad civil y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por casos de discriminación y limpieza social en contra de las poblaciones callejeras; el Gobierno del Distrito Federal reafirmó a través del discurso del jefe de gobierno su política hacia la poblaciones callejeras[4].
Familias indígenas víctimas de agresión policial
“En octubre del 2012 el policía Pedro Juárez Quiroz (quién trabajaba en la patrulla 2411, actualmente en la 2429) dio toques eléctricos en los genitales a un niño indígena de 12 años de edad y lesionó con un tubo al padre del niño. El 16 de enero del 2013 los Policías de las patrullas 7508 y 7512 arremetieron a golpes en contra de 8 personas integrantes de una comunidad indígena, lesionando con una patada a una mujer adulta, lastimando a un joven en un brazo y una mano (al poner y quitar las esposas) y agrediendo a una mujer cuando un policía la sujeto del cuello, mientras que otro empujó al suelo a una niña de 6 años. Dos de los afectados requirieron una revisión hospitalaria y estudios de radiografía para verificar la gravedad de las lesiones. Los hechos ocurridos el día 16, quedaron asentados en la averiguación previa FCH/CUH7/73/146/13-1.
Niños, adolescentes y adultos, hombres y mujeres que trabajan como limpia parabrisas han sido víctimas de acoso constante por parte de Policías desde hace varios meses violando sus derechos humanos con abuso de autoridad, trato prepotente y violento, así como el uso de palabras ofensivas, racistas, golpes, detenciones arbitrarias y amenazas.
Otras de las situaciones de acoso por parte de las autoridades son la reducción del tiempo que pueden permanecer trabajando en el crucero, lo cual ha mermado los ingresos que les permiten cubrir las necesidades de sus familias. En este sentido destacamos el derecho de niñas y niños a vivir en familia y la obligación del Estado a vigilar que niñas y niños vean garantizado un proyecto de vida. Los hechos descritos son clara expresión de discriminación, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS, 2010) las personas indígenas consideran que uno de los grupos que muestra menos tolerancia hacia la comunidad es la Policía (47.2%)”. [5]
Los encapuchados de Juárez
“El miércoles 14 de agosto del presente año, alrededor de ocho encapuchados que viajaban en una camioneta blanca irrumpieron en las calles de Artículo 123 y Humboldt, colonia Centro, a espaldas de la estación Juárez del Metro, donde suelen pernoctar jóvenes y adultos en situación de calle.
El grupo de encapuchados se dirigió hasta el improvisado campamento donde dormían cinco jóvenes y, sin más, arremetieron contra ellos. Los rociaron con gas lacrimógeno y a rastras los subieron a la camioneta.
“Cuando me agarraron me aventaron, antes nos aventaron gas de esos que pican. Pero todavía ahí me estuvieron dando unos pinches putazotes en la cara. Estaban encapuchados, cuando reaccioné uno se lanzó hacia mí y venía en una camioneta de donde se bajaron varios”, recuerda uno de los jóvenes.
Dice que eran cerca de las cuatro de la mañana y que los encapuchados los golpearon y los fueron a aventar hasta la autopista México-Puebla.
“Primero me ponen en el suelo y me ponen las rodillas en el cuello, no podía ni respirar. Luego ya nos aventaron en un callejón bien oscuro y nos dicen ‘bájense’, otra vez nos dan más patadones y nos aventaron”, dice otro de sus compañeros.
De ahí, caminaron hasta la estación del metro Pantitlán, donde pidieron limosna para poder regresar a su casa, las calles del Centro de esta ciudad, muy cerca de la Alameda y del corredor urbano que conecta a Paseo de la Reforma con el centro político, cultural y religioso del país”[6].
El costo humano de una ciudad bonita
Las personas víctimas de las acciones de limpieza social viven en un infierno permanente, la mayoría quedan en la desprotección absoluta y en muchos casos, bajo la mirada indolente e indiferente del resto de la ciudadanía. Son altamente discriminados, violentados e ignorados. Pierden su trabajo, sus redes de apoyo, su vecindario, su estilo de vida, su espacio vital (donde muchos viven, comen, duermen, se reproducen y mueren) y sobre todo, la esperanza de vivir en ciudades respetuosas e incluyentes.
La factura de una ciudad de vanguardia (que sólo tú y yo disfrutamos) es pagada con el desahucio de miles de personas que nunca fueron consultadas y con el dolor emocional de aquellos y aquellas, que si no hacemos algo, se quedarán ignorados e invisibles en nuestra ciudad.
