La asociación Todos para todos exigió al Congreso del estado crear una Comisión Especial que investigue a Rafael Moreno Valle por sus actos de represión, como las atrocidades cometidas en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, el encarcelamiento de luchadores sociales, casos de tortura, desaparición forzada, asesinatos y feminicidios que ocurrieron durante su mandato.
Asimismo, pidieron establecer un Fondo Especial para la Reparación Integral, auditada por representantes de los auténticos movimientos sociales en Puebla.
La ex diputada federal Violeta Lagunes se encargó de entregar el documento, además de que aseguró que las víctimas fueron violentadas porque se atrevieron a realizar cualquier crítica o protesta durante el periodo morenovallista.
Reiteró que no s deben olvidar las brutalidades cometidas por Moreno Valle, quien actualmente quiere imponer a su mujer, Martha Érika Alonso Hidalgo, como gobernadora de Puebla por Acción Nacional (PAN).
Lagunes también dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no puede dar carpetazo al asesinato del niño José Luis Tehuatlie, de San Bernardino Chalchihuapan, pues el gobierno del estado ha incumplido los 11 puntos de la recomendación que se emitió a la gestión de Rafael Moreno Valle.
Indicó que la lista de casos sin resolver es larga, como el asesinato de Meztli Omixóchitl Sarabia Reyna, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, ya que, siete meses después, no existe una solo línea de investigación sobre autoridad estatal.
Y aunque hace unos días los compañeros de la organización “28 de Octubre” lograron su libertad, la de sus hijos y de los últimos dos dirigentes sociales, “todo este tiempo estuvieron encarcelados injustamente, el propio asesinato de Meztli, constituyen un daño irreparable” – dijo.
A esto, sumó la muerte del líder indígena de 90 años de edad, Delfino Flores Melga, quien fue encarcelado injustamente por defender el derecho a la vivienda digna.
Agregó los encarcelamientos de todos los presos políticos en la entidad, por los que pidió “ni perdón ni olvido”.
“En Puebla, todo aquél que se atreve a protestar es llamado ‘delincuente’; ‘traficante de drogas’, ‘extorsionador’, y es reprimido, encarcelado, torturado, desaparecido o asesinado” – acusó.
Indicó que el precio de las protestas es propia vida, por no aceptar “la paz impuesta” por el gobierno en turno.
Por último, Lagunes exigió al gobierno de Puebla presentar una disculpa pública a las víctimas, familiares y a las comunidades afectadas por estos hechos represivos.
