En un escenario de alta tensión política y bajo la exigencia comunitaria de frenar los proyectos extractivistas que atentan contra la vida y la sustentabilidad, los colectivos sociales y pueblos originarios de la Huasteca Potosina demandan que la próxima propuesta presidencial entierre de forma definitiva la fracturación hidráulica (fracking) en el país, lo que obligaría a modificar de fondo el recién presentado Plan Estratégico de PEMEX 2025-2035.
El anuncio de la presidenta de la República sobre la presentación de una propuesta energética basada en las conclusiones de un equipo ampliado de expertos abre un compás de espera decisivo. Las comunidades exigen que la balanza se incline a favor de los intereses nacionales y populares, rechazando las presiones de las corporaciones transnacionales que buscan imponer capitales mixtos para apoderarse de los recursos del subsuelo mexicano.
Organizaciones civiles e indígenas de San Luis Potosí han dejado claro que no permitirán que se repita la historia de saqueo iniciada en 1904 con el primer pozo petrolero en Ébano, el cual solo dejó pobreza y contaminación. La resistencia civil se ha manifestado con acciones contundentes.
Decenas de comunidades han ejercido su derecho a la libre determinación y autonomía para detener legal y pacíficamente la entrada de maquinaria. Además de que diversos ayuntamientos han emitido actas que niegan rotundamente el cambio de uso de suelo para fines de explotación de yacimientos no convencionales.
Los defensores de los derechos de la tierra recuerdan que el expresidente Andrés Manuel López Obrador empeñó su palabra de no permitir esta técnica ecocida en territorio potosino ni en el resto del país.
Asimismo, señalan que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación debe respaldarse en sus pueblos originarios para resistir los embates de las compañías petroleras extranjeras —principalmente texanas— que controlan agendas políticas desde el exterior.
Ante la realidad urgente del cambio climático, la exigencia es una sola: la política energética del Estado mexicano debe pasar por la justicia social, la consulta previa y el cuidado de los ecosistemas, dejando atrás la herencia de destrucción del modelo neoliberal.
