«Faltan más, y no voy a descansar hasta que todos los culpables caigan», sentenció Alejandra Quintos, madre de la adolescente Dafne Zapata Quintos, tras la vinculación a proceso de tres personas por el feminicidio de su hija al interior de una Academia Militarizada. A pesar de este primer avance judicial, la madre advirtió que la red de complicidades es mucho más amplia y que no claudicará frente al poder de ninguna institución.
La exigencia de justicia camina en paralelo con una denuncia sistemática hacia las omisiones del Estado. Las declaraciones de la señora Quintos exponen el horror de las prácticas de tortura encubiertas bajo el formato de disciplina escolar y cuestionan directamente a los tres niveles de gobierno por permitir la operación opaca de estos centros de adiestramiento.
Un rompecabezas con piezas pendientes
En entrevistas con diversos medios de comunicación nacionales y digitales, Alejandra Quintos dejó en claro que la carpeta de investigación contiene suficientes medios de prueba para detener a más involucrados. El proceso actual mantiene bajo la lupa la cadena de mando y las omisiones del personal escolar:
- Estatus legal: Tres implicados se encuentran formalmente bajo proceso de vinculación a proceso.
- Declaraciones clave: La defensa de la familia exige que los detenidos hagan uso de la voz para detallar la mecánica de los hechos.
- Interrogantes sin responder: La indagatoria busca esclarecer formalmente las preguntas de la madre: ¿Quién la amarró? ¿Quién la pateó? ¿Quién la dejó sin comida? ¿Quién la sumergió?
«Tan ciegos, tan sordos»: Cuestionan 30 años de impunidad militarizada
El reclamo de la familia Zapata Quintos trascendió el caso particular para convertirse en una fuerte crítica estructural contra la nula regulación de los planteles con formación de tipo militar en el país. La madre de Dafne cuestionó cómo este tipo de instituciones han operado por más de tres décadas a lo largo de toda la República Mexicana sin una supervisión real por parte de las autoridades educativas y de seguridad.
«¿Cómo que el gobierno nunca se dio cuenta, cuántos sexenios? ¿Cuántas muertes, cuántas torturas, cuántas vejaciones, violaciones, cuántas novatadas, y nunca escucharon a nadie?», increpó tajantemente, evidenciando una ceguera institucional histórica que ha costado vidas vulnerables.
Consciente de los obstáculos burocráticos y políticos que suelen entorpecer los casos de violencia de género en el país, Alejandra Quintos reiteró que no confía en las autoridades y que mantendrá la presión pública sin importar las siglas partidistas o el nivel de gobierno involucrado.
Su advertencia final fue contundente: la lucha no terminará con la detención de los autores materiales ni con el proceso inicial. La batalla legal continuará firme hasta las últimas instancias y hasta que se dicten sentencias condenatorias definitivas contra absolutamente todos los responsables de arrebatarle la vida a su hija.
