Yesenia Méndez Rodríguez, quien fuera secretaria de Carlos Manzo, denunció haber sido despedida de su cargo en el Ayuntamiento de Uruapan como represalia tras acudir a la Fiscalía General del Estado de Michoacán para solicitar que se investigue la relación laboral y personal entre la actual presidenta municipal, Grecia Quiroz García, y Samuel García Rivero, exfuncionario procesado por el homicidio del alcalde.
Méndez informó a través de sus redes sociales que este martes la Secretaría de Administración municipal le notificó de manera verbal la terminación de su relación laboral, una medida que calificó como arbitraria y violatoria de sus derechos laborales.
Sobre su trayectoria, la exfuncionaria detalló que ingresó a la administración municipal en 2017 y que obtuvo su base laboral en 2021, por lo que defendió su carrera y advirtió que su despido no borrará su derecho a decir la verdad ni la hará guardar silencio.
La afectada vinculó de manera directa su cese con la ampliación de su comparecencia ante la Fiscalía, donde expuso detalles sobre la trayectoria laboral de García Rivero y solicitó a la autoridad ministerial esclarecer los nexos entre este y la alcaldesa Grecia Quiroz.
Secretaria cuestiona el regreso del presunto culpable tras la llegada de Grecia Quiroz al poder
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estatales, García Rivero es señalado como el presunto responsable de filtrar la agenda y los movimientos del edil a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para perpetrar el ataque armado durante el Festival de Velas de Uruapan.
En su posicionamiento, la funcionaria cuestionó duramente la reinstalación de García Rivero como director de Protocolo una vez que Quiroz asumió la alcaldía, puesto que previamente había sido removido por el propio Manzo debido a un problema de adicciones. Asimismo, señaló que existen recibos de nómina que demuestran que el imputado percibía un sueldo mensual de 70 mil pesos, cifra que lo posicionaba entre los servidores públicos mejor pagados del municipio.
Méndez insistió en que su declaración judicial no constituye una sentencia ni pretende suplantar la labor de la autoridad, sino un señalamiento formal para que los hechos se esclarezcan con apego a derecho. Al sugerir que su despido responde a un trasfondo político, enfatizó que la investigación por el homicidio de Carlos Manzo no debe resolverse mediante discursos, entrevistas o campañas de opinion, sino a través de pruebas documentales.
Finalmente, anunció que acudirá a los tribunales laborales y nuevamente ante la Fiscalía para defender sus derechos y dar seguimiento al caso.
