En el marco de su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta de México presentó un balance en la gestión de los recursos hídricos del país, impulsado por la Reforma Integral a la Ley de Aguas Nacionales aprobada en diciembre de 2025. Con este nuevo marco legal, el agua dejó de concebirse como una mercancía para reconocerse constitucionalmente como un derecho humano y un recurso de la nación.
La mandataria señaló que la privatización generó efectos gravísimos en las últimas décadas; sin embargo, tras la reforma se logró la desprivatización de más de 5 mil millones de metros cúbicos de agua, volumen suficiente para abastecer a más de 90 millones de personas durante un año entero.
Como parte de esta restitución de derechos, el Gobierno Federal ha entregado 12 mil 346 títulos de concesión a comunidades y a pequeños y medianos productores. Asimismo, se eliminó la intermediación de particulares en los servicios municipales, permitiendo que ciudades como Mexicali y Tijuana cuenten hoy con la concesión directa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
A la par de estas medidas, la coordinación entre los tres niveles de gobierno ha hecho posible la realización de 24 mil obras de agua potable y drenaje a lo largo de 2 mil 183 municipios del territorio nacional.
Para optimizar el uso del recurso y asegurar el abastecimiento en los hogares, la administración trabaja en la modernización y tecnificación de más de 250 mil hectáreas de infraestructura hidroagrícola distribuidas en 19 distritos de riego de 15 estados. Esta medida busca elevar la productividad del campo y, simultáneamente, liberar volúmenes significativos de agua para el consumo humano.
Saneamientos históricos e infraestructura para evitar inundaciones
En materia de recuperación ambiental, avanzó la primera etapa de saneamiento y restauración en las cuencas del Río Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, donde se construyen y rehabilitan 23 plantas de tratamiento y 282 kilómetros de colectores, además de realizar labores de desazolve, limpieza y creación de espacios públicos. De forma paralela, el gobierno federal interviene los ríos Tijuana en Baja California, Nogales en Sonora y La Sabana en el estado de Guerrero.
Con el objetivo de garantizar el derecho al agua y reducir el riesgo de inundaciones, la administración pública impulsa 17 proyectos estratégicos en diversas regiones de la República. Entre los avances concluidos destaca la instalación de 200 kilómetros de redes troncales del proyecto Agua Saludable para La Laguna en Coahuila, mientras que el Plan de la Zona Oriente del Estado de México y el Plan Integral para la Zona Metropolitana del Valle de México registran ya un 40 por ciento de avance en su ejecución.
En esta misma fase de desarrollo se encuentran la Presa “El Novillo” en Baja California Sur, el Acuaférico de Campeche, el programa “Acapulco se Transforma Contigo”, la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria en Tamaulipas, un nuevo acueducto para Colima, la Presa Tunal II en Durango, el acueducto Coatzacoalcos en Veracruz, el acueducto El Peaje-San José en San Luis Potosí y diversas obras de protección contra inundaciones en Tabasco.
Finalmente, la presidenta anunció que su gobierno está por iniciar un nuevo paquete de obras de infraestructura hídrica de gran alcance. Entre estas destacan la construcción de la presa “Mujer Solteca” para abastecer a la ciudad de Oaxaca, una Planta Desaladora para Tijuana y Rosarito, un nuevo sistema de pozos para Hermosillo, así como proyectos integrales de suministro de agua para los estados de Guanajuato y Zacatecas.
