(22 de enero, 2016).- En Morelos Javier Pérez Durón, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que exhumará todos los cadáveres que ordenó enterrar ilegalmente en dos fosas clandestinas para que sean identificados por familiares o allegados, ero de no ser así serían enterrados de nuevo pero de manera legal.
Lo anterior se dio durante su segunda comparecencia ante diputados locales quienes exigieron se “devuelva la dignidad” a los cuerpos mediante procesos legales.
No tenemos nada que esconder y vamos con todo el peso de la Ley contra los responsables, señaló el fiscal general del Estado,
Sin embargo dicho hallazgo de irregularidades se dio cuando la familia de Oliver Navarrete Hernández, de 31 años de edad, quien fue secuestrado el 24 de mayo de 2013 en Cuautla y 10 días después apareció muerto, en ese momento sus familiares pidieron el cuerpo a la FGE misma que lo retuvo para después, el 28 de marzo de 2014 lo enterró en un predio privado que no tiene autorización del ayuntamiento de Cuautla, Morelos.
Para darle sepultura formal, María Concepción Hernández, madre de Oliver, logró que la FGE exhumara el cuerpo el 9 de diciembre de 2014. Para localizarlo tuvieron que desenterrar los demás. En total eran 150, según la familia, pero la fiscalía reconoció únicamente 118.
De los 118 cadáveres inhumados en la fosa común dos ya han sido entregados a sus familiares, de los 116 restantes 61 de ellos han sido plenamente identificados con nombre y apellido.
Javier Pérez desglosó que 41 cuerpos se identificaron por muestras genéticas, 13 por medio de los registros AFIS y siete con ayuda de testigos; la suma de ellos da 61 cadáveres identificados.
Las causas de muerte fueron: 41 por violencia, 26 por enfermedad, 12 por hechos de tránsito, siete por caídas y otros accidentes, cuatro por suicidio y nueve por causas aún no determinadas.
“En la primera comparecencia no sabíamos cuántas muestras genéticas teníamos, ahora les puedo decir que son 70 y faltan por obtener 46.”
