Frente a las oleadas de desinformación que pretendían minimizar la gravedad del caso y desviar la exigencia de justicia social, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas se vio obligada a salir públicamente a dar un golpe de timón técnico.
Las autoridades confirmaron que la investigación por la muerte de Dafne Zapata, una niña de apenas 13 años de edad, jamás ha sido reclasificada y se mantiene bajo el protocolo estricto de feminicidio, al tiempo que cayó la primera detenida vinculada al crimen.
En una entrevista concedida a Grupo Fórmula, el fiscal general del estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, rompió el silencio para aclarar las inconsistencias institucionales que han rodeado al caso y que encendieron las alarmas de colectivos feministas y defensores de los derechos humanos en la entidad.
Govea Orozco desmintió de tajo los rumores que afirmaban que la carpeta de investigación se pretendía degradar a un delito menor para limpiar las cifras de violencia de género en el estado.
«La investigación se inició atento al protocolo de investigación de delito de feminicidio. Se ha difundido que hubo una reclasificación. Esto es inexacto», sentenció de forma tajante.
El fiscal estatal detalló que los trabajos periciales concluyeron científicamente que la causa del fallecimiento de la menor fue asfixia por sumersión.
Esta determinación médica y forense resulta clave, ya que echa por tierra las narrativas que intentaban imponer algunos de los involucrados para blindarse ante la acción de la justicia.
«Fue asfixia por sumersión», remarcó el fiscal, advirtiendo de forma contundente que diversos testimonios recabados por el Ministerio Público «no tienen concordancia alguna con la causa de la muerte establecida científicamente». En pocas palabras, la secuencia de hechos narrada inicialmente por el entorno investigado resultó ser un burdo montaje que se topó con la pared de la evidencia forense.
La presión social y los hallazgos científicos rindieron sus primeros frutos operativos. El titular de la Fiscalía confirmó que elementos ministeriales lograron la detención de una joven de 18 años, quien ya se encuentra a disposición de la autoridad judicial.
De acuerdo con las indagatorias preliminares, la imputada tiene un determinado grado de participación directa en los hechos que terminaron con la vida de la adolescente.
