(02 de mayo, 2016).- Luego de la salida del país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de entregar ante la Procuraduría General de la República y el grupo de expertos forenses argentinos su segundo informe donde hacen una serie de recomendaciones científicas al gobierno mexicano para continuar con la investigación de los 43 normalistas desaparecidos y tirar de una buena vez la “verdad histórica”.
“Es momento” de que la Procuraduría General de la República (PGR) cambie su narrativa sobre la “verdad histórica”, reconozca que no hay certeza sobre el destino de los normalistas, y continúe con los procesos de búsqueda todavía pendientes.
En el documento con las 20 principales recomendaciones señalan la necesidad de indagar la obstrucción en la investigación del caso Ayotzinapa. Entre estas cuestiones está la falta de diligencia, negligencia y destrucción de evidencias de diferentes momentos de la investigación, señalando de manera particular a funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (Seido).
También se recoendó a Arely Gómez, titular de la PGR dar continuidad a la investigación de funcionarios de la dependencia a su cargo por obstrucción de la investigación del caso Ayotzinapa.
Así como considerar otras violaciones de derechos humanos y delitos, “es necesario investigar de manera adecuada delitos que se presentaron en el caso y que así sean tipificadas por los jueces encargados de las causas penales, entre ellos: 1) desapariciones forzadas, 2) homicidios, 3) tentativas de homicidio, 4) encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, 5) tortura, 6) exceso en el uso de la fuerza, 7) lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes. Esto significa que se deben ampliar los cargos en contra de los presuntos responsables, y, por ejemplo, integrar los resultados de la autopsia de Julio César Mondragón a la tipificación de su caso.
Piden “evitar interferencias” de la Seido en la investigación, la cual debe estar bajo la responsabilidad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, en cumplimiento de los acuerdos firmados en Washington con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Recomienda llevar a cabo las declaraciones testimoniales pendientes, entre ellas a los militares del 27 batallón de Iguala. Que la PGR deberá requerir la documentación militar relevante, que tiene en su poder y no se ha incorporado a la investigación, así como la recuperación de los videos del Centro de Control C4, incluir el material fotográfico tomado por el militar de inteligencia del escenario del Palacio de Justicia.
