El equipo del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, analiza las diversas modalidades de comisiones sobre casos específicos y el primero de ellos sería Ayotzinapa, pero se consideran hechos representativos como Nochixtlán, Tlatlaya y las fosas de San Fernando.
Lo anterior de acuerdo con Alejandro Encinas,designado subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Creo que esto va a romper mucho con la ortodoxia, pero se necesitan soluciones muy heterodoxas para enfrentar los grandes problemas que tenemos de violación a los derechos humanos. Lamentablemente el país está convertido en una gran fosa clandestina”, declaró.
Explicó que las comisiones del a verdad son un primer paso para garantizar el derecho a la verdad de todas las víctimas y sus familiares, además de aplicar justicia y terminar con la impunidad.
Por su parte, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado del as Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU- DH), Jan Jarab, declaró que es importante no perder de vista los cuatro pilares que son verdad, justicia para no tener impunidad, reparaciones a víctimas y las garantías de no repetición.
“Una vez que se lleva a cabo un proceso de esclarecimiento de hechos hitstóricos ha uqe echar mano de las otras herramientas de la justicia de transición, que puede ser jucio a los prepetradores”. declaró Fabián Sánchez abogado especialista en justicia de transición del ITAM.
Cabe recordar que en América Latina se han implementado siete comisiones del a verdad en Argentina, Chile, Brasil, Perú, El Salvador, Paraguay y Bolivia, las cuales han sido nombradas de diferente forma.
La ONU detine justicia transicional como “toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, sirva a la justicia y logre reconciliación”.
Por su parte, Catalina Pérez Correa investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, indicó que la ley de amnistía, puede ser para quienes participen en el proceso y confiesen sus crímenes, por lo que se podría reducir la pena pero no se limpiarían sus antecedentes.
Los expertos señalan que el proceso será tardado, no obstante habrá resultados paulatinamente, pues al conocer la verdad, dos o tres años después de la implementación de la comisión, habrá garantías de no repetición y a lo largo juicios a los perpetradores.
“Si echamos a andar el proceso a la mexicana, pero bien hecho, mirando las experiencias de otros países, vamos a tener consecuencias positivas”, dijo Sánchez del ITAM.
