(12 de abril, 2016).- En conferencia de prensa, ex braceros y familiares de éstos de Ciudad Juárez dieron a conocer que el gobierno federal deberá pagarles más de un millón de pesos. “La juez Paula María García Villegas, titular del juzgado segundo de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, ordenó al gobierno federal pagarles más de un millón de pesos a cada uno de ellos, y no los 38 mil que les ha entregado en años pasados”.
Los braceros retirados, acompañados de sus familiares dijeron que “la juez Paula María García Villegas, titular del juzgado segundo de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, ordenó al gobierno federal pagarles más de un millón de pesos a cada uno de ellos, y no los 38 mil que les ha entregado en años pasados”.
En conferencia de prensa, los ex braceros de Ciudad Juárez, Samalayuca, el Valle de Juárez y otros poblados dieron a conocer que García Villegas les concedió el amparo 1558/2015 y ordenó que se les devuelva completo el 10 por ciento de su sueldo por trabajo que les fue retenido como parte del Programa Bracero, de 1941 a 1964.
El Programa Bracero fue un acuerdo laboral temporal iniciado en agosto de 1942 (hubo migraciones importantes desde 1941), debido a un intercambio de notas diplomáticas entre los Estados Unidos y México.
En años recientes, a los ex trabajadores sólo les han entregado 38 mil pesos “y la cantidad que ahorraron es superior”, informó el profesor Manuel Robles, dirigente del grupo de ex braceros en la región.
“El encargado de los trabajos de la dependencia coordinadora del fideicomiso, que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos de la Secretaría de Gobernación” no dio respuesta congruente a la petición que formularon los quejosos, en el oficio del 15 de julio de 2015, refirió la juez.
Agregó: “no se advierte que los quejosos hayan solicitado el pago de los 38 mil pesos del fideicomiso señalado en el oficio, sino el pago de su ahorro campesino, que es muy diferente”.
De acuerdo con la sentencia los bancos mexicanos también tenían el deber de guardar y custodiar dichos depósitos, pues tendrían que rendir cuentas a los ex trabajadores sobre el destino de su dinero, pero esta obligación no fue respetada, ya que tampoco se sabe cuál fue el destino de los depósitos, producto de la retención de 10 por ciento del salario.
Con información de La Jornada
