(9 de octubre, 2014).- La denuncia presentada el pasado 25 de septiembre en una corte de Nueva York contra Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada García, por homicidio, es tan sólo una muestra del empecinamiento de las autoridades estadunidenses por juzgar en su territorio al otrora líder del cártel de Sinaloa, situación que se mira compleja dado el histórico rechazo de los gobiernos priístas por las extradiciones.
Además de los cargos de asesinato, la denuncia interpuesta en la corte norteamericana, incluye también acusaciones por los delitos de conspiración para ejecutar homicidios, así como conspiración para asesinar y tentativa de homicidios contra criminales de grupos rivales, policías mexicanos, funcionarios e informantes del gobierno.
Las acusaciones contra los jefes de la organización del Pacífico, si bien incluyen información como que algunas de las víctimas eran integrantes de los Zetas y otros grupos delictivos, carecen de especificación y no brindan detalles respecto al lugar y la fecha en que fueron cometidos los asesinatos, ni la forma en que ambos capos están inmiscuidos.
Anterior a ésta, en 2009 la misma fiscalía neoyorquina prescribió una acusación por trasiego de narcóticos, aunque en ningún momento se habló de asesinatos. No obstante, en la reciente si se detallan cargos por tráfico de mariguana, heroína y metanfetaminas, como no se hizo en el pasado, e incluso se incluyen fechas de los decomisos de drogas.
Cabe resaltar que los esfuerzos de las cortes estadunidenses por llevar al “Chapo” ante su jurisdicción iniciaron tras su captura en Mazatlán, Sinaloa en febrero pasado, aunque hasta el momento se mantiene en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, en el Estado de México, al tiempo que su compadre el “Mayo” sigue prófugo y al frente de poderoso cártel que edificaron.
Por otro lado, la imputación de cargos por parte de la fiscalía estadunidense se ha encargado de exhibir la mano política que pesa en torno a la tentativa extradición del Guzmán, pues al incrementar los cargos contra los jefes delictivos pretenden aprobar el traslado, aunque sin mucha credibilidad.
Según informes del New York Daily News, en caso de que “El Chapo” fuese enviado ante la justicia norteamericana su destino sería Nueva York, lo que explica los arduos esfuerzos de dicha fiscalía, aunque más de carácter político que con una verdadera justificación legal.
Otro ejemplo de lo politizado que se ha vuelto el caso del otrora máximo jefe del cártel de Sinaloa, es la calificación que le otorgaron la Comisión de Crimen de Chicago y Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), como enemigo público número uno, o la “pelea” que mantienen siete fiscalías por atraer al “Chapo” a su jurisdicción.
