Desde la Conferencia del Pueblo en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum rechazó que las remesas enviadas por migrantes mexicanos estén relacionadas con operaciones de lavado de dinero y sostuvo que cualquier investigación en la materia debe basarse en pruebas, especialmente ante la decisión de Estados Unidos de reforzar la vigilancia sobre transferencias provenientes de su frontera sur.
Durante un posicionamiento sobre el tema, la mandataria explicó que el gobierno mexicano revisará el alcance de las medidas anunciadas por autoridades estadounidenses para supervisar con mayor detalle algunos envíos de dinero. Señaló que, si bien México mantiene disposición para colaborar en investigaciones financieras cuando existan indicios claros de irregularidades, no debe confundirse el envío de recursos familiares con esquemas ilícitos vinculados con el crimen organizado.
Sheinbaum subrayó que las remesas constituyen un apoyo fundamental para millones de hogares en el país, por lo que advirtió que cualquier política de control financiero debe evitar afectar a las familias que reciben estos recursos de manera legítima.
La titular del Ejecutivo recordó que en el pasado se han presentado situaciones similares cuando autoridades estadounidenses señalaron a dos instituciones bancarias y una casa de bolsa por presuntas operaciones irregulares sin presentar pruebas concluyentes. En ese contexto, explicó que el gobierno mexicano adoptó entonces una postura de cautela frente a decisiones tomadas de forma unilateral.
En aquella ocasión, detalló, se implementaron medidas para proteger la estabilidad del sistema financiero nacional, aunque aclaró que dentro del territorio mexicano no se encontraron elementos que confirmaran la comisión de delitos por parte de dichas instituciones.
La presidenta también destacó que la cooperación entre ambos países en materia financiera y de inteligencia ha permitido compartir información en casos donde sí existen sospechas fundadas de lavado de dinero. Estas acciones, explicó, han derivado en el congelamiento de cuentas bancarias y en procedimientos legales contra quienes participan en operaciones ilícitas.
De acuerdo con la mandataria, el combate al financiamiento de organizaciones criminales es una prioridad para su administración, pero insistió en que las medidas deben aplicarse con base en evidencias y respetando los derechos de los usuarios del sistema financiero.
En relación con la política anunciada por Estados Unidos, señaló que uno de los elementos que se analiza es la revisión de transferencias que superen determinados montos, por lo que el gobierno mexicano seguirá atento a su implementación para evitar posibles efectos negativos sobre los migrantes que envían dinero a sus familias.
Actualmente, el promedio de recursos que los trabajadores mexicanos en el exterior remiten a sus hogares ronda los 500 dólares mensuales, una cantidad que en muchos casos representa la principal fuente de ingresos para millones de familias en distintas regiones del país.
Ante este panorama, Sheinbaum reiteró que México continuará fortaleciendo sus mecanismos para prevenir el lavado de dinero dentro del sistema financiero, al tiempo que mantendrá la cooperación con autoridades estadounidenses para combatir operaciones ilegales sin poner en riesgo el flujo legítimo de remesas.
