(30 de enero, 2014).- Comunidades indígenas de la Costa Chica de Guerrero denunciaron el acoso del Ejército mexicano y las policías federal y estatal, luego de haber iniciado un proceso de organización “para restablecer la seguridad y paz en sus comunidades” ante los embates de la delincuencia organizada.
Las comunidades, pertenecientes al municipio de El Ocotito, ubicado a sólo unos minutos de la capital, Chilpancingo, se integraron al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) y armaron a sus pueblos, lo que provocó que el lunes 27 de enero se hicieran presente las fuerzas estatales y federales para desarmar a las policías comunitarias.
Una de las medidas fue la instalación de retenes entre los municipios de Florencio Villarreal y San Marcos; otros en tramos intermedios del municipio de San Marcos a Juan R. Escudero en el crucero de la Cruces, donde se situaron 20 vehículos militares; y a la altura de Llano Grande hay 6 vehículos más y 8 camionetas de las policías federal y estatal.
Octavio Maganda Gallardo, promotor regional de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG), se quejó de que los militares han estado acosando a la gente de su comunidad –él mismo declaró haber sufrido un ataque– y a los representantes de su organización a pesar de que no les han hecho frente armados; de hecho, denunció que los amenazaron para que reviertan su organización comunitaria a través de un estado de sitio.
“Nos pararon, se nos cerraron los militares […] cosa que no lo habían hecho de esa manera. Generalmente nos revisan y todo, pero no así: esta vez hubo hasta amenazas, revisaron la camioneta bien y voltearon todo. De ahí nos hicieron regresar porque teníamos una reunión en Tierra Colorada, ni siquiera nos dejaron salir del pueblo”, afirmó en una entrevista al Centro de Estudios Ecuménicos, A.C. (CEE).
Apuntaron que estas acciones comenzaron desde el pasado 23 de enero, cuando integrantes del SSJC hicieron presencia en El Ocotito a petición del comisario ejidal, ante la situación constante de abusos y delitos del crimen organizado. De hecho, varios campesinos habían encontrado sembradíos de mariguana y amapola en los terrenos de cultivo.
A partir de la incorporación de estas nuevas localidades del municipio de Chilpancingo, el 27 de enero el Ejército, la Marina y la Policía Estatal comenzaron un operativo de desarme de las Policías Ciudadanas de las comunidades de El Ocotito y aledañas, y una ocupación “desproporcionada y amedrentadora” en los 14 municipios de la Costa Chica en donde el SSJC tiene presencia.
Ruth Aylin Delgado Bahena, promotora de la organización comunitaria en torno del SSJC, ha señalado que no buscan derrocar al gobierno ni ponerse en contra de él; incluso han pedido a las autoridades que los ayuden a perfeccionar su sistema de justicia, pero no han obtenido respuesta.
“No estamos en contra de las instituciones, al contrario, buscamos nos ayuden a perfeccionar nuestro Sistema de Justicia y Seguridad. No obstante, llevamos meses pidiendo el apoyo de las policías municipal y estatal y nunca hubo una repuesta favorable. Nosotros hemos actuado de esta manera por necesidad y por urgencia, no por gusto.”
“Nosotras, mujeres, madres, hermanas nos sentimos más seguras con nuestra Policía Ciudadana porque somos nosotras y nosotros mismos quienes nos cuidamos”, expuso Delgado Bahena.
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Esta denuncia se da a sólo unas horas de que el gobernador del estado, Ángel Aguirre, reiterara que no se requiere el apoyo de la federación para hacer frente a los problemas de seguridad en su estado.
“Yo no voy a esperar a que la Federación me venga a resolver los problemas del estado”, declaró a la prensa en el marco de la inauguración de la reunión plenaria de los diputados del PRD, que se realiza en el puerto de Acapulco.
Aunque Aguirre ha logrado acuerdos con los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), mediante el registro de sus armas, y el acercamiento con otros sectores más cercanos a su gobierno, como la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), participantes en otros procesos de defensa comunitaria denuncian que el acoso persiste.
