(03 de junio, 2016).- Ante el anuncio de la crisis financiera por la que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -y que podría obligarla a despedir a casi la mitad de su personal y a suspender las audiencias programadas para julio y octubre de este año- Human Rights Watch (HRW) instó a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a asegurar prontamente que la CIDH reciba financiamiento suficiente para llevar a cabo su mandato.
“Desde hace tiempo, la CIDH ha sido la última esperanza para víctimas de la región que durante años han luchado para hacer valer sus derechos en los sistemas judiciales nacionales”, aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch quien también aseguro que si los Estados miembros de la OEA no atienden esta crisis financiera, “sembraran serias dudas sobre su compromiso con los derechos humanos, y levantaran sospechas de que pretenden librarse del escrutinio de la comisión”.
Y es que según HRW, esta crisis financiera pone en riesgo las posibilidades de justicia y protección para las víctimas de abusos a lo largo del continente. Asimismo explica que el financiamiento que recibe la CIDH procede de la OEA y de donaciones voluntarias de distintos países, incluidos miembros y no miembros.
Desde que fue instalada en 1979, la comisión ha sido clave para promover los derechos humanos en la región. La comisión, y los casos que ha llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han contribuido a fortalecer estándares universales de derechos humanos. Estos estándares se refieren, entre otros, a la incompatibilidad de las amnistías por violaciones graves de derechos humanos con el derecho internacional, el limitado alcance de la jurisdicción penal militar, el acceso a información pública, los derechos de las personas LGBT y la violencia de género, informó HRW.
La comisión también ha protegido de abusos a cientos de víctimas y sus familiares a través de medidas cautelares. Actualmente, la comisión supervisa el cumplimiento por parte de numerosos gobiernos de cientos de medidas cautelares, y emite decenas de nuevas medidas cada año. Si los Estados miembros de la OEA no abordan oportunamente esta crisis financiera, es probable que se agraven los riesgos para numerosas personas, incluidos activistas y defensores de derechos humanos, sostuvo Human Rights Watch.
Además aseguró que los Estados miembros de la OEA todavía no han cumplido con este compromiso y la comisión aún depende de donaciones voluntarias, que representan cerca de la mitad de su presupuesto. Estas donaciones se redujeron drásticamente en 2015 y 2016, lo cual propició la actual crisis financiera, explica.
En un comunicado, la HRW aseguró que en mayo, el gobierno mexicano sugirió que la comisión podría tener responsabilidad por esta crisis. El embajador mexicano ante la OEA, Luis Alfonso de Alba Góngora, sugirió que la comisión podría estar recibiendo menos fondos debido a su supuesta “parcialidad” y sus “retrasos” en el tratamiento de casos, y pidió a la OEA que tomara “medidas correctivas” para reformar a la comisión.
En abril de 2016, señala la organización, un grupo de expertos internacionales designados por la comisión refutó la versión oficial de México sobre la desaparición de 43 estudiantes de una escuela normalista en Ayotzinapa, estado de Guerrero. Los expertos indicaron que los detenidos habían sufrido abusos y que la investigación oficial estuvo marcada por la manipulación irregular y pérdida de pruebas clave, e incluso su posible destrucción. Los expertos fueron obligados a concluir su investigación, luego de que el gobierno mexicano no renovara su mandato.
“El gobierno mexicano pareciera estar dispuesto a aprovechar esta crisis financiera para debilitar a la comisión, que se atrevió a cuestionar su investigación sobre las desapariciones de Ayotzinapa”, opinó Vivanco. “Ello sería una grave afrenta a las víctimas de atrocidades en México y en el resto de la región”, apuntó.
