(17 de enero, 2014).- A un año de que La Alianza de Trabajadores Agrícolas (UFCW, por sus siglas en Inglés) interpusiera una demanda contra el gobierno mexicano ante un tribunal de Vancouver, Canadá, hoy otro tribunal de la Columbia Británica emitió un fallo para no deshacerse de la documentación en la que vinculaba a las autoridades de México en la elaboración de “listas negras” de trabajadores mexicanos.
El fin de estas listas, tenía como objetivo frenar e intimidar a jornaleros mexicanos que cada año migran a ese país y no se organizaran en torno al sindicato UFCW, con más de 250.000 miembros de costa a costa y los cuales mayoritariamente están integrados por latinos.
Utilizando a la diplomacia de por medio, el entonces gobierno de Felipe Calderón intentó fichar a 200 trabajadores con el objeto de satisfacer las demandas de una granja agrícola en la que existían varios afiliados de la UFCW; granja agrícola que, huelga decir, se oponían a que recibieran derechos a sus peones y márgenes de regulación patronal.
“Desde el 2008 –expuso Andrea Gálvez– comenzó un proceso de organización sindical de migrantes connacionales en la Columbia Británica, los cuales viajan de año en año en el Programa de Trabajares Agrícolas Temporales México-Canadá.
“Durante el proceso de organización sindical hubo intervención del consulado de México en Vancouver, varios de nuestros compañeros fueron intimidados, se les amenazó en que podían ser excluidos del programa si decidían afiliarse a la organización”, denuncio Andrea Gálvez, enlace para nuestro país de UFCW.
Al año siguiente de aquel proceso, varios de ellos comenzaron a tener dificultades para regresar a sus faenas temporales, por lo que dicha organización interpuso una demanda, tanto al empleador como al Estado mexicano.
“El gobierno actúo en concordancia con el empleador canadiense y se puso en contra del trabajador más vulnerable, el trabajador del campo. Un campesino ya de entrada es un individuo en situación de precariedad y vulnerabilidad, y estamos hablando en este caso de trabajadores agrícolas inmigrantes que se encuentran fuera de México y que no conocen”.
Sin embargo, la primera sentencia que emitió Canadá en marzo del 2013, derivó en una férrea negativa de Canadá para intervenir en el asunto, argumentado que México “tiene inmunidad diplomática”.
Al respecto, Ivan Limpright, presidente local de distrito 1518, denuncio que pese al fallo negativo para intervenir, eso no excluye la falta en contra de los trabajadores y de peor manera cuando los afectados son ciudadanos del gobierno que encabezó el boicot.
“México puede ser inmune a las sanciones, pero la decisión de la Corte Suprema de Columbia Británica deja en claro que México no puede utilizar la inmunidad diplomática para ocultar los hechos ante la junta laboral”, finalizó.
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En el programa de Trabajadores Temporales firmado entre los gobiernos de Canadá y México, en el pasado año viajaron para realizar faenas de temporada, 17 mil 500 campesinos. La organización Justice for Migrant Worker (Justicia para el trabajador migratorio) denunció que la mayoría de éstos viven en condiciones de esclavitud, hacinamiento y riesgos sanitarios.
De acuerdo con dicha organización, en realidad esta problemática la padecen 30 mil trabajadores migrantes, de los cuales, la mayoría son mexicanos y el resto del Caribe. Este panorama reclama del gobierno mexicano una exigencia de revisión de un acuerdo binacional, ya que en Canadá no existe una Ley Federal del Trabajo por lo que los sindicatos han comenzado a tomar poder y ejercer presión contra estas condiciones.
