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¡Granier casi libre! Se tambalea acusación

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Solicitó su declaración preparatoria después de excesiva detención y violó sus garantías, afirma juzgadora del DF.

Por Héctor Tapia Martínez de Escobar / Fuente: Tabasco Hoy

La violación de las garantías constitucionales cometidas por la Juez Tercero Penal, Guadalupe Cadenas Sánchez, en contra del ex gobernador Andrés Granier Melo, echa por la borda el proceso judicial de la causa penal 157/2013 derivada de la averiguación previa DGI-138/2013, que consignó la Procuraduría General de Justicia por el delito de peculado y ejercicio indebido del servicio público en pandilla.
En pocas palabras, Granier Melo podría quedar libre al ya no poder ser juzgado en la única demanda consignada hasta el momento por la PGJE en su contra, debido a una pifia, pero no cualquier pifia, una verdaderamente garrafal, de esas que cuesta trabajo creer que puedan suceder viniendo de una especialista del derecho penal.
¿Qué fue lo que sucedió?
Aquí van los detalles:

Una consignación desaseada

Según la Juez Quincuagésimo Sexto Penal del Distrito Federal, Beatriz Elena Moreno Cárdenas, el exhorto 258/2013 que le envió la juez Guadalupe Cadenas, donde le solicita su auxilio y cooperación para que le sea tomada la declaración preparatoria a Granier, “no se encuentra ajustado a derecho”.

La juez de la Ciudad de México responde el exhorto –al que Tabasco HOY tuvo acceso– en el que indica que prácticamente todo el procedimiento realizado en contra del ex gobernador está lleno de errores, es inconstitucional y compromete la competencia del juzgado radicado en el DF.
De entrada, la juez Moreno Cárdenas fue notificada por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Javier Mejía Flores, apenas el 29 de noviembre, exactamente un mes después (29 de octubre) de que el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia girara la orden de aprehensión en contra del ex gobernador.
En el citado exhorto, la juez advierte que desde el momento mismo en que los agentes de investigación de la Policía Ministerial informaron el 13 noviembre a la Juez Tercero Penal del cumplimiento de la orden de aprehensión y pusieron al indiciado a su disposición, ella se declaró competente para conocer de la causa 157/2013-III, dejando sin jurisdicción alguna a la juez exhortada.
Asimismo, en el requerimiento Cadenas Sánchez emitió un acuerdo con fecha 13 de noviembre de 2013 en el que “ratifica de legal la detención”, además en el mismo proveído ordena “tomarle la declaración preparatoria al ex mandatario, desahogar pruebas dentro del plazo constitucional y resolver la situación jurídica del inculpado”, lo que confirma que la juzgadora tabasqueña es la única competente para realizar las diligencias.
Violación de derechos y pena ajena
En el mismo acuerdo, la juez  Guadalupe Cadenas ordena que todo el procedimiento sea efectuado por un juez penal del Distrito Federal vía exhorto, debido a que Granier se encuentra recluido en una Torre Médica del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan.
Para esto ella “suspende (el 13 de noviembre de 2013) el plazo constitucional para los efectos de tomársele su declaración preparatoria al inculpado”, argumentando que el plazo se reanudará a partir del momento en que el juez exhortado reciba la petición.
Pero es ahí donde la juez local comete otra pifia, pues al suspender el plazo constitucional cae en la inobservancia de la ley, pues el término constitucional para Granier empezó a correr a partir de las 17:00 horas del día 13 de noviembre de 2013 y feneció 72 horas después, es decir el 16 de noviembre a la misma hora, según lo establece el artículo 19 de la Constitución Política Mexicana.
Esto provocó que para la ley la detención del indiciado Andrés Granier se viniera prolongando sin causa justificada, lo que constituyó una violación a sus derechos fundamentales, pues lo solicitado por la juez Cadena Sánchez está fuera del plazo constitucional, convirtiendo al ex gobernador en una víctima y pegándole de lleno a la acusación en su contra.
En el documento la juez exhortada Beatriz Elena Moreno, le aclara a su homóloga tabasqueña que “cualquier sujeto debe ser puesto a disposición en los términos señalados a partir de que el inculpado es puesto a disposición de la autoridad judicial, sin que de modo alguno se pueda suspender tales plazos en tanto que la propia Constitución no autoriza tal circunstancia”.
Y remata en ese sentido: “Es evidente que el término que prevé el precepto constitucional se ha excedido en demasía sin que ello se justifique por la demora que implica cualquier tipo de trámite administrativo”, pues para evitarlo la ley faculta a los juzgados el uso de telefax, teléfono, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación a su alcance.
Finalmente, la juez Moreno Cárdenas regresó el exhorto a la juez local “SIN DILIGENCIAR”, pues aclara que “en caso de acceder a la solicitud, se seguiría prolongando una detención que desde el punto de vista de esta juzgadora se tilda de ilegal”.
Por donde se quiera ver esto es una bomba para el sistema judicial, se ha perdido prácticamente el caso aún antes de iniciarlo, gastando con ello todo el trabajo que hay detrás en la elaboración de la acusación. Hoy la única denuncia de la Procuraduría General de Justicia del Estado contra Andrés Granier Melo está en el suelo. ¿Habrá castigo para los saqueadores? Está por verse.
 [CRONOLOGÍA DEL CASO]
TODO EL PESO DE LA LEY
A través de diversas recursos legales se ha buscado consignar a los implicados en el presunto saqueo al erario de Tabasco.
 29/10/2013
Juzgado 3ro. Penal de 1ra. Instancia ordena aprehensión por saqueo al erario contra José Manuel Sáiz Pineda, Luis Felipe Graham Zapata, Adalberto Vázquez Gómez y Andrés Rafael Granier Melo.
 21/11/2013
El gobernador Arturo Núñez confirma el inicio de al menos 30 averiguaciones previas contra otros ex
funcionarios, derivado del mismo caso.
 24/11/2013
PGJ giró solicitud de colaboración de las Procuradurías Estatales del país para la captura de otros ex funcionarios que se encuentran prófugos.
 04 DICIEMBRE
PGJ solicitó a la juez Tercero Penal el embargo precautorio de las cuentas bancarias y las propiedades que puedan tener el ex mandatario, así como Luis Felipe Graham, Adalberto Vázquez y José Sáiz Pineda.
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