(02 de Octubre, 2015).-Tras una visita a los Estados de Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz, la CIDH pudo ver el grave del problema de violencia, desaparición y tortura por el que hoy atraviesa México. “La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”, expresó la presidenta del pleno, Rosa María Ortiz. Constatando que la búsqueda de desaparecidos ha sido, siempre, labor de los familiares, el Estado no hace nada.
Agregó además, sobre los casos concretos de Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato, que prevalece una impunidad de carácter estructural que perpetua las graves violaciones a derechos humanos.Esta estructura de impunidad, dijo, es la que se ha venido manifestado desde los hechos ocurridos el 2 de Octubre del 68.
También respaldó el informe que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre Iguala, y recomendó nombrar un nuevo fiscal especial de investigación a cargo del caso.
Sin embargo, para el subsecretario de Derechos Humano de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, las observaciones emitidas por los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no reflejan la “situación real” del país en materia de derechos humanos. Esto porque la visita, según el funcionario, fue sesgada, y sólo visitaron cinco estados y el DF.
Si bien es cierto que la visita específica a estos lugares, fue intencional por la CIDH (se eligió por ejemplo Veracruz por la alarmante situación de los periodistas), Campa afirmó que “Si bien algunos casos específicos que ellos observaron se han presentado en condiciones preocupantes, estos no reflejan la situación general del país”. Incluso que en el caso de la visita a Ayotzinapa, dijo que “no hay posibilidad de compararla con ninguna otra en el país y mucho menos de plantear que esta es la situación generalizada en el país.
Para fortalecer su postura, dijo: “Hemos mejorado de manera sustancial la protección de periodistas y defensores de derechos humanos bajo un mecanismo que hoy protege de manera efectiva a 463 personas y que fue reconocido y ponderado por el propio relator de libertad de expresión en el encuentro de esta mañana con el canciller”.
A pesar de que aún no existe un informe final por parte de este organismo internacional (ya que éste se entregará en el primer semestre de 2016), el subsecretario, adelantó su postura al presentarse el día de hoy el documento previo sobre las conclusiones de la vistita a México y aseguró: “No somos ajenos a los retos que nuestro país enfrenta, sin embargo no compartimos que un informe preliminar realizado en un plazo de cinco días y sobre casos particulares pueda reflejar la situación general del país.”
Resta esperar el informe definitivo, por lo mientras queda la antelación de que en Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, desde ahora, hace evidente su renuencia a los resultados que arroja éste organismo internacional, los cuales, por cierto, son claros: hay una grave crisis.
