(12 de marzo, 2016).- El defensor mexicano de Derechos Humanos, Gustavo Castro Soto, quien es integrante de la organización “Otros Mundos A.C” en Chiapas y de otras organizaciones que luchan contra la minería y megaproyectos hidroeléctricos en México y América Latina, estuvo presente y resultó herido en el ataque que mató a la líder indígena y defensora de los derechos humanos Berta Cáceres el pasado 3 de marzo en la Esperanza, Hondura.
“Berta Cáceres llevaba años recibiendo amenazas en relación con su trabajo de defensa del medio ambiente y de los derechos de las comunidades indígenas en Honduras. Antes del asesinato, había denunciado amenazas en relación con su protesta contra la construcción de la represa de Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco.
Las autoridades hondureñas han impedido que Gustavo regrese a México. Le han ordenado que permanezca 30 días más en el país, a pesar de que ya ha rendido testimonio como testigo y víctima del ataque. Tememos por su seguridad en Honduras”, recuerda en un comunicado Amnistía Internacional.
Por su parte, el día de hoy, Dolores Jiménez, embajadora de México en Honduras, calificó como un “hecho objetivo” el riesgo que el activista corre permaneciendo en el país sudamericano y aseguró que la cancillería “ha puesto empeño en lograr que el ambientalista pueda regresar al país lo más pronto posible”.
Según información de La Jornada, Dolores Jiménez confió en que el gobierno hondureño “responda lo más pronto posible a la petición que externó oficialmente este jueves la cancillería” y “se le permita regresar a México antes de que expire el plazo de 30 días que le fijó una juez de la localidad de La Esperanza, donde se cometió el atentado. De éstos, faltan 26 días para que termine la prohibición”. Sin emabrgo, la embajadora apuntó que hasta el momento, el gobierno hondureño no ha respondido por escrito a la petición de México.
Como lo ha informado Revolución TRESPUNTOCERO, en días pasados Michel Forst, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortó al gobierno de Honduras a garantizar la seguridad y protección del sociólogo y activista mexicano.
Foto: Telesur
