(11 de mayo, 2014).- El domingo 4 de este mes, 5 menores de edad murieron durante una pelea entre pandillas en la cárcel El Carmen, en San Pedro Sula, Honduras, la ciudad con la tasa de homicidios más alta del mundo fuera de las zonas de guerra. Esta situación dista de ser excepcional en este país centroamericano que a su vez ostenta el título de la tasa de homicidios más alta del mundo, 90.4 según el Estudio Mundial sobre el Homicidio 2013 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
En agosto de 2013, otro enfrentamiento entre pandillas dejó 3 muertos y 12 heridos en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en el departamento de Francisco Morazán, la misma donde se encuentra la capital del país. Tras el incidente, el entonces presidente Porfirio Lobo ordenó la militarización del centro penitenciario que alberga a más de 3 mil 500 reos. Sólo un día antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dado a conocer un informe en el que se advertía del autogobierno ejercido por los reos en prácticamente todas las prisiones hondureñas.
Ese fenómeno de “autogobierno” es central para explicar la gran masacre perpetrada en la cárcel de El Porvenir el 5 de abril de 2003, cuando el grupo que controlaba la prisión, conocido como “Los Paísas”, asesinó a 60 miembros de la pandilla Barrio 18 ante la mirada impasible de soldados y policías, quienes permitieron que más de 20 personas murieran quemadas vivas, incluyendo a una mujer y una niña que se encontraban de visita en el penal. Aquel día murieron 68 personas, 23 de ellas presentaban heridas de arma de fuego y una recibió 20 machetazos en la cabeza, muchas de ellas fueron desfiguradas después de muertas.
El mismo día en que morían los 5 menores de edad en la cárcel de El Carmen, el portal salvadoreño El Faro publicaba una reconstrucción de la masacre en El Porvenir. La matanza de ese 5 de abril sólo se detuvo cuando el comandante a cargo del operativo que entró a “pacificar” la situación tras la muerte de cinco reos se percató de que un camarógrafo grababa todo desde las alturas de un camión de bomberos. El operativo recibió la bendición del presidente Ricardo Maduro (2002-2006), cuya comitiva presidencial ordenó a los bomberos limpiar el escenario del crimen antes de que pudiera realizarse cualquier investigación sobre los hechos.
Honduras también fue el escenario de una de las mayores tragedias humanitarias cuando 360 reclusos murieron en el incendio de la Granja Penal de Comayagua que, de acuerdo con peritos estadounidenses, tuvo un origen accidental. Ese 14 de febrero de 2012, el fuego se extendió en esta prisión, localizada a orillas de la carretera que conduce de Tegucigalpa al centro y norte de Honduras, por la presencia de materiales inflamables cercanos a un área de literas. Ocho años antes, el 17 de mayo de 2004, otro incendio mató a 107 reos en el presidio de San Pedro sula.
Especialistas afirman que estas tragedias se presentan debido a “prácticas inadecuadas de seguridad en el sistema penitenciario hondureño”, como “la superpoblación carcelaria, la presencia de materiales inflamables, la falta de personal en servicio y la falta de un plan de evacuación viable para los reclusos”. En 2013, Honduras albergaba a 12 mil 614 reclusos en un espacio diseñado para 8 mil 243 y destinaba 18.5 millones de dólares anuales para administrar sus prisiones, mientras Costa Rica, con 13 mil 492 prisioneros, invertía en su sistema penitenciario 197 millones de dólares, una cantidad más de 10 veces mayor. Adicionalmente, 60 por ciento de los presos se encuentran recluidos sin haber recibido una condena, debido a la lentitud a ineficiencia del sistema judicial.
