(15 de marzo, 2016).- Ivania Galeano, abogada del sociólogo Gustavo Castro Soto, denunció que las autoridades de Honduras ignoraron la petición del gobierno mexicano y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para permitir la salida del defensor del país y sólo han emitido un comunicado donde se recalca que necesitan la colaboración del activista en caso del asesinato de Berta Cáceres.
Gustavo Castro el pasado 3 de marzo presenció el asesinato de la defensora de derechos humanos y ambientalista Berta Cáceres, en el hecho violento él fue herido, por lo que el activista corre peligro en y se solicitó al gobierno, Fiscalía General y jueza del dicho país a resolver el pedido realizado por la Cancillería de México, declaró la abogada a Sputnik Nóvosti.
Desde México el sociólogo pude seguir apoyando en las investigaciones sobre el asesinato de Berta.
“Este martes hemos presentado un recurso legal ante la Fiscalía General y el Ministerio Público para que se desistan de su petición judicial de arraigo de Gustavo en el país, otorgada por la jueza”, detalló Galeano.
La abogada argumentó que este intento de permanencia del activista en el país es “ilegal” ya que “ esa limitación a la libertad no existe en el ordenamiento para testigos”.
Por ello la defensora legal sufrió una orden por parte de la juez hondureña de suspensión de su licencia por “falta de respeto” e impidió salir de Honduras por 30 días al sociólogo mexicano.
A esta petición del gobierno mexicano se suma la hecha por el relator especial de la ONU, que hizo el pasado 10 de marzo, al solicitar a Honduras todas las medidas de protección para Gustavo Castro, así como permitir el regreso del sociólogo a México.
Por su parte Dolores Jiménez, embajadora de México en Honduras, calificó el pasado 12 de marzo como un “hecho objetivo” el riesgo que el activista corre permaneciendo en el país sudamericano y aseguró que la cancillería “ha puesto empeño en lograr que el ambientalista pueda regresar al país lo más pronto posible”.
