(23 de diciembre, 2013).- El próximo 22 de enero, en el estado de Texas, se llevará a cabo la ejecución del mexicano Edgar Tamayo Arias, detenido desde el 31 de enero de 1994 y acusado por el asesinato del agente de la policía de Houston Guy Gaddis; sin embargo, esta pena ha sido calificada como “ilegal” por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), que espera, a contrarreloj, apelar la solución final.
En entrevista para REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO, Daniel Zapico, representante de la oficina regional en México en dicho organismo, señaló que desde que comenzó el juicio de Tamayo se presentaron irregularidades como la violación al derecho a recibir ayuda consular una vez apresado, establecido en el artículo 36 de la Convención de Viena y del cual las autoridades mexicanas tuvieron notificación hasta una semana antes de comenzado el juicio.
En el 2008, un psicólogo determinó que Tamayo adolecía de “discapacidad intelectual leve”, lo que convertiría su ejecución en anticonstitucional según el orden interno de los Estados Unidos; por último, el 31 de marzo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que su caso y el de 50 oriundos más de nuestro país eran violatorios a los tratados internacionales de justicia penal, pues se les negó el derecho a recibir asistencia jurídica una vez encarcelados.
“El caso de Edgar, junto con el de otro 50 ciudadanos mexicanos en la misma situación, llamado caso Avena, que México llevó ante la CIJ porque en el proceso de estas personas condenadas a muerte, en el momento de su detención no se respetó los tratados de la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Esta Convención de la cual tanto México como Estados Unidos y casi todos los países del mundo forman parte”, expuso Zapico.
Pese a todo, hasta el momento, el connacional condenado a muerte, quien ha pasado ya 19 años apresado, tiene posibilidades de que le sea apelada la sentencia, explicó Zapico, pues los casos amparados por Avena que se les exigió fueran sometidos a “revisión y reexamen”, aunque de éstos ya se han consumado al menos dos sentencias: la de Humberto Leal (ocurrida en el 2011) y la de José Humberto Medellín (ocurrida en el 2008).
“Hay varios recursos que podrían detener esta muerte: que el propio gobernador de Texas, Rick Perry, decida posponer o conmutar la pena de muerte de Edgar; sin embargo esto se ve muy difícil. Hay otra salida de carácter legal cuyo problema sería requerir un proceso muy largo: el estado de Texas conoce muy bien esta sentencia y no hay una ley estadounidense que lo obligue a cumplir con la sentencia de la CIJ; recientemente un congresista demócrata propuso este asunto pero no ha caminado. Presionar podría ser una solución”, abundó.
Por otra parte, Amnistía Internacional ha insistido en señalar que Estados Unidos es el único país de América que durante el último año llevó a cabo ejecuciones, siendo Texas el estado donde ocurrió la mayoría de ellas, y donde quienes integran minorías étnicas tienen mayor probabilidad de ser sentenciados a pena de muerte. Desde que asumió el cargo el gobernador Perry en el año 2000, se ha ejecutado a más de 250 personas en ese estado.
De hecho, según reportes de la misma organización dados a conocer por el periódico The Guardian, China, junto con Irán, Corea del Norte, Yemen y los EE.UU. (el único país del G7 que aún ejecuta personas) llevaron a cabo la mayoría de las ejecuciones del año pasado. La diferencia de éste, es que es que es un país que pocas veces presenta rebeliones internas, guerras civiles, estados de sitios y leyes marciales producto de conflictos internacionales.
De hecho, Estados Unidos, continuamente se ha congratulado de ser una nación defensora de los derechos humanos.
