Como parte de los mecanismos orientados a democratizar la proveeduría gubernamental e incrementar la participación de cooperativas y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se convirtió en una de las primeras dependencias de la Administración Pública Federal en adjudicar su servicio de limpieza bajo un esquema de economía social.
La medida se da en seguimiento a la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público aprobada en abril de 2025, materializándose en abril de 2026 mediante la contratación de una cooperativa integrada mayoritariamente por el personal que previamente realizaba dichas labores a través de empresas intermediarias o subcontratistas. Bajo este nuevo esquema, los trabajadores pasaron de ser empleados externos a socios directos de su propia organización productiva.
Esta transición representa una transformación en las condiciones de empleo para el personal operativo. Anteriormente, bajo el modelo de subcontratación, el personal enfrentaba problemáticas recurrentes como incertidumbre en las fechas de pago, interrupciones en el alta de la seguridad social, falta de acceso a reparto de utilidades y la necesidad de costear de manera personal parte de los insumos y herramientas de trabajo.
Con el modelo cooperativista, el personal cuenta con certezas en sus salarios, cobertura de seguridad social y la provisión completa del equipamiento necesario.
Para garantizar la viabilidad y sostenibilidad operativa de la cooperativa, las autoridades implementaron un programa de acompañamiento interinstitucional, continuo y progresivo. Este esquema busca fortalecer las capacidades organizativas, administrativas y de gestión de la agrupación, consolidando su proceso de autogestión para su desempeño como proveedora del sector público.
Con este procedimiento de contratación, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno busca sentar un precedente en el uso de las compras públicas como herramienta de inclusión y justicia social, promoviendo la eficiencia presupuestal a la par de la mejora en las condiciones laborales de las personas prestadoras de servicios para el Estado.
