(4 de agosto, 2014).- Los atentados contra periodistas en México demandan una pronta solución, sin embargo, poco han importado las denuncias por parte de organizaciones de defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión, en el interior del país como en el extranjero sobre la alarmante situación que viven los comunicadores.
Pese a existir el famoso Mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación (Segob), esto no garantiza ni lejanamente la seguridad de las y los reporteros para informar, así lo demuestra la reincidencia en amenazas y atentados de los que están bajo “protección” del gobierno federal.
El gobierno de Peña Nieto prometió vigilar los derechos de las y los comunicadores, sin embargo las principales amenazas y atentados hacia éstos provienen de los funcionarios del Estado.
El Mecanismo de protección ha demostrado ser ineficiente, y en abril pasado dirante la visita de Christope Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció el fracaso del Mecanismo.
Además de la falta de recursos, el mecanismo no tiene personal para operar, Beatriz Adriana Vázquez una de las “beneficiarias” del programa gubernamental, cuenta indignada que hacer unos meses “me hablaron por teléfono para decirme que hablaban del Mecanismo. Que cómo iba mi caso, me preguntaron. Entonces yo, muy molesta, después de más de un 1 año y pico de no tener noticias de ellos, les contesté: ‘¡Ustedes díganme, ustedes son los que lo llevan!’”
Beatriz tuvo que abandonar es estado de Guerrero desde hace tres años, por amenazas de muerte por parte del equipo de Fernando Alvarado Arroyo, entonces diputado priistas federal “Pinche vieja. Ya te vas a morir”, le advirtieron.
Sin protección sólo le recomendaron salir de la entidad, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Años después ingresó al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, en 2013, pero nada cambió sólo recibió un citatorio para regularizar su caso.
La amenazas a periodistas, van desde comentarios revanchistas por medio de las redes sociales Twitter o Facebook, hasta la desaparición y el asesinato. Además de los periodistas se encuentran los atentados a los y las defensoras de derechos humanos.
Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, habla del caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el ex presidente del PRI en el Distrito Federal a quien se le desmanteló mediantemente la red de trata y prostitución que él operaba para su beneficio.
Una vez que su organización demandó tomar medidas y acciones contra el líder del PRI en el DF, “todo empezó”, afirma que ha recibido mensajes intimidatorios: “El último lo recibí antier –1 día después de la sesión en Gobernación– y dice que si quiero que ’me mojen mis calzones con semen’. Eso puede implicar una amenaza de violación”.
Sin embargo “Me calificaron con un riesgo muy bajo y ni siquiera tomaron este tipo de amenazas, ni el hostigamiento. Ni siquiera es una evaluación donde se haya incluido la perspectiva de género. Además, nos dijeron que no está identificado el agente agresor, cosa que obviamente no es cierto por el tema que tratamos”, se queja. “Resulta que la consejera que estaba ahí sentada les dijo [al resto de los presentes] que ellos no son ministerio público y que por consiguiente yo tenía la obligación de acreditar ante ellos al agresor. No sé qué les pasa”, Narra Ulloa.
“A mí lo que más me preocupa es cómo hay ciertos casos en los cuales campea la impunidad, inclusive en el supuesto Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Siento que es más de lo mismo.”
Por su parte, Alan Mayo, activista de la organización Propuesta Cívica, expresa que el mayor número de agresiones recibidas provienen de “la autoridad o autoridades”, relacionadas con los 16 casos de defensa de derechos humanos, a los que esta organización civil da seguimiento.
“Tenemos un caso de un defensor en Tapachula, Chiapas, en el que él denuncia trata de personas, de personas migrantes, en la que participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, y en el municipio hay colusión con la delincuencia. Su hija tuvo que huir de país porque tuvo un intento de homicidio”, asegura.
Jorge Andrade Andrea González y todos los integrantes de la organización Ustedes Somos Nosotros han sido amenazados, “desvalijados y baleado”, sus instalaciones han sido saqueadas y allanadas.
“Roban toda la información que teníamos. Roban computadoras, roban chips de cámara, roban todo lo que tenía que ver con información. Nos enteramos posteriormente de que la persona que nos había robado es alguien que opera en diferentes lados de la ruta, de los que amenazaron al padre [Alejandro] Solalinde”, declaran.
Paulina Rodríguez Zermeño, reportera de San Luis Potosí, exclama: “Yo tuve que detenerme en mi trabajo. No vi una salida más que tener que detenerlo por cuestión de seguridad”. Por informar sobre círculos de corrupción y “desenmascarar gente”.
El derecho a informar y ser informado pese a estar reconocido en nuestra Carta Magna como un derecho fundamental, y pese a que México ha firmado todos los tratados internacionales en defensa de los mismos, en este país, no se investiga a los responsables, y si ni siquiera se sanciona mucho menos se penaliza.
El camino de muchas y muchos defensores y periodistas, es el silencio, es la huida, ante la amenaza de perder la misma vida, pero con ello la impunidad campea y se reproduce con consecuencias gravísimas para la población en su totalidad.
Abusos de poder, corrupción, inseguridad, desfalcos millonarios, narcotráfico, asesinatos, violencia, desvío y lavado de dineros, malversación de fondos, etcétera, son ejemplos clarísimos de la falta de respeto del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la información que tiene toda la población.
