(21 de octubre, 2015).- Como “un arma de doble filo” catalogó la presidenta del Observatorio de Telecomunicaciones (Observatel), Irene Levy a los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esto porque se podrá “requerir a las concesionarias de servicios de Internet y telefonía celular la geolocalización en tiempo real de los usuarios sin importar si se haya cometido algún delito o no” recordó que los concesionarios están obligados a guardar por dos años las bases de datos de llamadas, mensajes y comunicaciones por Internet.
Durante el encuentro; “La privacidad en la era digital en México” Levi señaló, “bienvenida la tecnología para coadyuvar en la persecución de los delitos y colaborar con las instancias de seguridad y de justicia. Sin embargo, una instancia de seguridad puede solicitar la localización geográfica en tiempo real, probablemente por un tema fiscal, de impuestos, ya no tiene que ser un delito grave, pueden ser cuestiones administrativas”.
Y es que según explicó, en 2014 se abrogó la Reforma de Telecomunicaciones Estructural de Peña Nieto y se estableció “la obligación de los concesionarios para colaborar con las instancias de seguridad y de justicia sin importar el tipo de delitos siquiera. Una instancia de seguridad puede solicitar la localización geográfica en tiempo real, probablemente por un tema fiscal, de impuestos, ya no tiene que ser un delito grave, pueden ser cuestiones administrativas”.
La situación es preocupante, porque a pesar de que la CNDH y la CDHDF interpusieron un recurso de inconstitucionalidad no ha habido una respuesta satisfactoria, sin embargo, según la también académica de la Universidad Iberoamericana; “Afortunadamente un grupo de ciudadanos interpuso un amparo contra estos dos artículos por considerarlos inconstitucionales y no está perdida la esperanza porque la Suprema Corte acaba de ejercer la facultad de atracción sobre este tema, se tiene la esperanza de que se declaren inconstitucionales estos dos artículos”.
