La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) continúa investigando a militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por los posibles delitos de fraude cibernético cometido en Chiapas a través de tuits enviados por artistas y deportistas, así como la entrega de credenciales electorales a centroamericanos para favorecer a una alcaldesa del Verde.
A ello se suma que no sólo el Verde sino otros partidos políticos son investigados por el uso de dinero de procedencia ilícita en las recientes campañas electorales en Tamaulipas y Veracruz, declaró para La Jornada Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade.
El caso de la promoción ilegal en redes sociales a través de artistas y deportistas, el titular de la Fepade detalló que pese a que no hay algún tipo de responsabilidad administrativa por ello, falta determinar en el ámbito penal.
En entrevista con dicho medio reconoció que hay investigaciones de la Fepade que no avanzan con la rapidez deseada, por diversas razones, como la que los jueces anteponen otros delitos antes que los electorales por lo que sería importante crear juzgados especializados.
En el caso específico del ex dirigente del PVEM, Arturo Escobar, quien repartió ilegalmente tarjetas Premia Platino durante campaña electoral, el juez determinó que era inconstitucional el caso, a lo que Santiago Nieto expresó que no concordaba con la resolución pero que la respetaba.
Asimismo el Verde en Suchiate, Chiapas durante tres años, expidió mil 500 actas extraordinarias a centroamericanos para que obtuvieran sus credenciales de elector, y la esposa del edil, Matilde Espinosa Toledo, posteriormente fue electa como alcaldesa del municipio, caso que también debe ser analizado.
Por su parte el perredista Pablo Gómez, calificó en pasados días que la que la Fepade es como Macondo, se habla mucho de ella, pero no existe, es algo del realismo mágico, a lo que Santiago Nieto responde que una forma de mejorar la instancia sería el tipificar el peculado electoral, el condicionamiento de programas sociales, la instigación al turismo electoral o financiamiento ilícito en las campañas electorales, como delitos graves.
