Alejandro Zapico / Periodismo Humano
(24 de marzo, 2014).- El presidente Juan Manuel Santos anunció ayer que el Gobierno no acogió la solicitud de medidas cautelares planteada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el sentido de suspender los efectos del fallo de destitución del alcalde Gustavo Petro ordenada por la Procuraduría, y dispuso hacer cumplir la decisión. Al mismo tiempo, designó al ministro de Trabajo, Rafael Pardo, como alcalde encargado.
Lo cierto es que el camino jurídico que eventualmente podría garantizar la permanencia del alcalde en su puesto, parece irse estrechando cada vez más; los recursos internos de la justicia nacional empiezan a agotarse y judicialmente sólo se avizora un recurso internacional, poco claro, pero que podría garantizar los derechos políticos y civiles de Gustavo Petro, y es que la CICH se pronuncie a favor y le otorgue medidas cautelares.
La Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Colombia hace parte, garantiza en su artículo 23 los derechos políticos de los ciudadanos y dispone que la destitución de un funcionario elegido por voto popular debe darse mediante condena de un juez competente en proceso penal. Sin embargo, la destitución de Petro fue por vía administrativa, sin proceso judicial, sin garantías, sin falla disciplinaria y un mimo funcionario hizo de acusador, de juez y de parte. Frente a ello el Centro para la justicia y el Derecho (CEJIL), declaró que la decisión del procurador Alejandro Ordoñez es arbitraria y vulnera tanto el derecho político del alcalde como el de los ciudadanos que lo eligieron. No obstante, la Corte Constitucional de Colombia afirma que la Corte Interamericana si puede avalar las sanciones administrativas bajo las garantías del debido proceso; lo cual tampoco se cumple en el caso del alcalde Petro.
La decisión del procurador General de la Nación de destituir por vía administrativa y no judicial, al Alcalde Mayor sin habérsele encontrado falla disciplinaria alguna, y de inhabilitarlo por 15 años para el ejercicio de la función pública, por presuntas irregularidades en las que habría incurrido al cambiar el manejo de recolección de las basuras de la ciudad en diciembre de 2012, es extrema y contrasta con la que el mismo funcionario impuso a otros mandatarios que en el pasado cometieron graves delitos. Tal es el caso del ex alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, quien no fue destituido ni inhabilitado, sino suspendido por 12 meses por el escándalo del carrusel de la contratación, a través del cual se desviaron más de 100 millones de dólares del erario público y varios a funcionarios del Distrito recibieron millonarias comisiones. La suave sanción al exalcalde tendría que ver con el hecho de que fue en la casa de su madre, María Eugenia Rojas de Moreno ‘La Capitana’ donde se determinó la elección del Procurador Alejandro Ordoñez.
Maniobras jurídicas
Con la reciente negativa del Consejo de Estado de aceptar la acción de tutela interpuesta por el mismo alcalde, se hace aún más incierto su futuro político. Si bien esta no es la última palabra y aún falta que un nuevo magistrado redacte otro proyecto que será estudiado por la misma Sala Plena del Consejo de Estado y que el Consejo Superior de la Judicatura, se pronuncie sobre 300 tutelas en mora de ser falladas, posiblemente, antes de mediados del mes de marzo, no existen garantías en estas dos corporaciones. Tanto para el Consejo de Estado como para el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría tiene la competencia para sancionar a funcionarios elegidos popularmente y el burgomaestre “no está ante un daño irremediable”. Sin embargo, lo lo más preocupante es que algunos de estos magistrados no ofrecen garantías de independencia porque cuotas políticas o amigos del procurador, como en el caso de Alfonso Vargas, presidente del Consejo de Estado, quien fuera durante siete años magistrado auxiliar de Ordoñez o en el caso del magistrado de la judicatura Francisco Ricaurte, quien impulso su nombre para la terna que lo convirtió en Procurador General de la Nación.
De forma paralela al proceso de destitución avanza el de la revocatoria, el cual también ha sido cuestionado. En un comienzo porque se tramitó con más de 200 mil firmas falsas, porque fue arbitrariamente aplazada su realización, el ministerio no giró los recursos de manera oportuna para que pudiera llevarse a cabo (cerca de 20 mil dólares)en la fecha prevista y a través de algunos medios de comunicación se denunciaron irregularidades en la selección de la nueva fecha, la cual habría sido pactada entre el Procurador y el Registrador Nacional en un encuentro social. “El cambio de fecha de la revocatoria es una canallada contra la democracia, incluso peor que la destitución del Procurador” declaró Petro desde el balcón de la alcaldía ante una multitud de simpatizantes. “Nos han convocado ilegalmente para el 6 de abril”. Según Petro las encuestas indicaban que más del 70% de los bogotanos hubieran votado el No a la revocatoria en la fecha fijada inicialmente.
Aunque el panorama es poco esperanzador, el equipo de abogados que acompaña al alcalde sigue haciendo uso de todos los recursos a su alcance. Luego de que el Consejo de Estado dejara en firme el fallo del Procurador, la defensa del alcalde interpuso un recurso de nulidad, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocaba a una audiencia sobre Colombia para el próximo 23 de marzo con la participación de algunos de los abogados que defienden al alcalde y el representante Iván Cepeda, quien también es investigado por el Procurador por reunir testimonios de paramilitares desmovilizados en distintas cárceles del país sobre los vínculos que tendría el expresidente Álvaro Uribe con el paramilitarismo.
Sea cual sea la acción legal que emprendan los juristas, desde una nueva acción de nulidad o hasta una demanda contra el acto administrativo que impulso el procurador, o que la Fiscalía, que también tiene abiertos otros expedientes contra el mandatario suspenda los efectos del fallo al considerar que es contrario a la ley y que hubo una extralimitación, el tiempo parece estar jugando en contra del alcalde Petro, pues estos procesos suelen ser demorados y en las actuales circunstancias, se requiere de la mayor celeridad posible.
En su cuenta de Twitter, el alcalde, luego de convocar a su séptima movilización (el pasado 28 de febrero), desde que fuera notificado de la decisión del Procurador, afirmó: ‘La única defensa que le queda a la Bogotá Humana es la ciudadanía misma movilizada’.
Sin embargo, la ciudadanía que se moviliza por miles, que desde las plazas públicas grita enardecida: “Petro se queda”, “No pasarán”, “lo que es con Petro es conmigo” o “Yo defiendo la democracia”, “mi voto se respeta”, y que arde de indignación en las redes sociales, no tiene mayor incidencia jurídica, aunque si emite un claro mensaje político que fácilmente podría vaticinar el surgimiento de un nuevo caudillo que logre aglutinar las voces de los inconformes o incluso de un frente amplio de desobediencia civil capaz de desafiar los fallos contra el alcalde, poner en jaque al establecimiento e impedir que se decrete su inhabilidad por 15 años.
Petro ha declarado, desde el balcón del Palacio Liévano, que se mantendrá en la administración hasta el último día del 2015, cuando deba entregar su cargo a su sucesor, y ha convocado a la ciudadanía para que el próximo 6 de abril, fecha para votar la revocatoria, a las seis de la tarde acuda a la Plaza de Bolívar y se tome las principales plazas y parques del centro de la ciudad, para lanzar un nuevo grito de independencia y llamar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente. “Salgamos como militantes de la democracia, a seducir por el No; seducir es la palabra de la política del amor. No necesitamos violentar a nadie ni agredir a nadie; allá los magistrados y su conciencia, allá el procurador abandonado por su espíritu santo. Aquí está la generación de la paz. La seducción de la palabra es la seducción de la razón.”
En juego el proceso de paz en Colombia
Hoy el debate político, más allá de si Petro se queda o se va toma dos rumbos. El primero se refiere a la necesidad de modificar la carta política para limitar el poder del Procurador al considerar que es extremo y viola esenciales principios democráticos. Lo otro cuestiona sobre las garantías que tendrían los alzados en armas que se desmovilicen y decidan ejercer su derecho político y participar en futuros procesos electorales. De la eliminación física de líderes de la oposición política y de excombatientes, como sucedió con Guadalupe Salcedo o con Carlos Pizarro, se estaría pasando a la muerte política, que en últimas, es lo que pretende el fallo del Procurador. A Petro le están cobrando, además de una agenda de gobierno socialista, su pasado guerrillero.
Para el burgomaestre el proceso judicial que se le sigue, debe que ser analizado en el actual contexto político colombiano. Desde el punto de vista de la paz y de la guerra.
“En primer lugar porque ha quedado al desnudo la vocación antidemocrática de un sector muy importante del poder político y económico del país; que ya se había visto articulado a temas como el paramilitarismo, el narcotráfico y en sucesos como el genocidio que cometieron contra la Unión Patriótica, contra las organizaciones campesinas del país y contra decenas de miles de personas que por cualquier razón terminaron siendo masacradas en lo últimos años. Ese espíritu antidemocrático y profundamente violento se ha vuelto a expresar y se expresa en lo que se llama popularmente en Colombia ‘la combinación de formas de lucha’, es decir mientras unos amenazan de muerte, mientras otros matan realmente, van 30 militantes de la marcha patriótica asesinados, otros inhabilitan líderes importantes de movimientos alternativos que consideran que no deben existir en la sociedad colombiana; el caso de Piedad Córdoba, el caso del ex alcalde de Medellín, Alonso Salazar, el caso de mi secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, y últimamente con mi caso que se convierte en el detonante de la crisis. Son autorías administrativas que siguen funcionalmente los sectores de la extrema derecha y que destituyen cargos de elección popular, lo cual es un exabrupto en cualquier país democrático, y rompe los convenios internacionales de Derechos Humanos, en lo que tiene que ver con derechos políticos y libertades civiles”.
El mensaje de fondo de las acciones jurídica para eliminar políticamente a varios líderes de la oposición, tendría para Petro un trasfondo aún mucho más complejo.
“Es una acción, en mi opinión, desesperada, están buscando impedir que se haga la paz. Y son mensajes de violencia que buscan sabotear el proceso de paz. Porque la firma de un acuerdo de paz debe traer una serie de reformas democráticas que pondrían en un aislamiento total a estos sectores de la extrema derecha, poderosos económicamente. Y por eso están actuando bajo criterios de desesperación, lo cuales los hacen aún más peligrosos.
Con nosotros han salido las multitudes ciudadanas a defender el gobierno de Bogotá, se han interpuesto recursos ante la justicia internacional que de manera cautelar puede actuar lo más rápido posible, y proteger así, no sólo la democracia colombiana, exigua, también el proceso de paz mismo, la posibilidad de acabar la guerra, que creo es el bien máximo que esta sociedad está buscando.”
Los indignados vs el Procurador
Para el alcalde existe una extrema derecha, fanática, fascista, que asesina, junto a una misma derecha que se propone inhabilitar líderes, usando cargos administrativos para ello. Y por el otro lado, hay una ciudadanía multitudinaria que ejerce su derecho e intenta hacerse respetar. ¿Cuál de estas dos visiones y de estas dos actuaciones prevalecerá? Petro no tiene la respuesta. “Nosotros apostamos a que sean las multitudes las que puedan abrir los caminos de una reforma democrática y que la extrema derecha violenta quedé aislada en el país. Pero es sólo una apuesta”
¿Una apuesta sin garantías? “En este momento no las hay, reconoce el mandatario, pero la gran discusión es si se pueden construir esas garantías en el país o no. “Entonces podría decirse, en pocas palabras, que alrededor de cómo se solucione la crisis de la alcaldía de Bogotá -del irrespeto al voto popular que conlleva-, así mismo se resolverán los temas de la paz o de la guerra en Colombia.”
Logros de la ‘Bogotá Humana’
1. El nuevo modelo de aseo y de recolección de basura le ahorró al distrito más 40 mil millones de pesos y permitió, que los recicladores recogieron 54.086 toneladas de material aprovechable durante el 2013.
2. Se garantizó el mínimo de agua vital gratuita a los sectores más deprimidos de la capital, como lo ordena la ONU.
3. Se redujo en 11% las tarifas del servicio de aseo.
4. Reducción de las tarifas de Transmilenio.
5. Reducción histórica de homicidios, hurto de carros, residencias y entidades bancarias.
6. Reducción de la desigualdad social (distribución del ingreso).
7. Se recuperaron 5.3 km de quebradas y se diseñaron políticas para la protección de tres páramos, ríos y quebradas que atraviesan el perímetro urbano, 14 humedales preservados y para la recuperación del río Bogotá.
8. Se transformó la Plaza de toros de la Santamaría en la Plaza de Todos, escenario para la cultura y la vida.
9. Las carretas de tracción animal fueron sustituidas por carros a motor y más de mil 200 caballos fueron adoptados y llevados a fincas.
10. Se crearon los centros Dignificar para la atención de las víctimas del conflicto
11. Se crearon los centros de atención para drogadictos (Camad)
12. Se crearon siete centros de protección social y un gran centro para la atención de la población víctima del desplazamiento forzado.
13. Se inició la construcción del Metrocable en barrios deprimidos al sur de la capital y la primera fase perforación para el diseño del metro.
14. Bogotá recibió el premio internacional “Liderazgo Climático y Ciudad” a la mejor iniciativa verde en la categoría transporte urbano.
Bogotá es hoy una ciudad incluyente, que respeta la diversidad y acoge la diferencia, que reconoce los derechos ciudadanos de la comunidad LGTBI y de las minorías étnicas.
Sin embargo, las elites bogotanas intentan revertir sus avances sociales para devolverle la ciudad a las mafias políticas que siempre se han lucrado de la falta de gobernabilidad.
