“La Ley de Seguridad Interior es inconstitucional y algunos de sus artículos violan los derechos humanos”, resolvieron los jueces Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Fernando Silva, y Noveno de Distrito en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, al admitir juicios de amparo promovidos contra la norma aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por Enrique Peña Nieto en diciembre del año pasado, publicó Eje Central.
En la resolución 116/2018, el juez Silva avaló la queja de inconsitutionalidad de los artículos 4, fracción I y IV, 6 párrafo primero, 9, 11 párrafos primero y último, 15, 16, 17, 20, fracciones I, II, III y IV, 21, 22, 26, 30 y 31 y reconoce que la actuación de los militares en las tareas de seguridad pública “puede provocar actos de imposible reparación en perjuicio de los integrantes de la sociedad”.
Además considera que la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y seguridad interior “implica introducir un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, porque la autoridad militar difícilmente puede sustraerse al régimen de mando y adiestramiento para el cual ha sido creado”.
